Solo el 8% de los municipios españoles ha desarrollado una normativa contra la contaminación acústica. Una “situación lamentable” según un estudio multidisciplinar que han hecho cuatro expertos andaluces y que publica el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de la Diputación de Granada.

Un abogado, un médico, un juez y un ingeniero han reunido sus reflexiones en un libro demoledor, titulado "Contaminación acústica. Gestión del ruido por las corporaciones locales". Lamentan, entre otros, el efecto “nefasto” de la ley antitabaco de 2011, que “obliga a los clientes de locales nocturnos a salir a la calle a fumar, ocasionando molestias a los vecinos”.

El abogado sevillano Joaquín Herrera del Rey, fundador de Juristas contra el Ruido,  es contundente cuando afirma que “los Ayuntamientos, salvo contadas excepciones, son ineficaces en la lucha contra la contaminación acústica”. Las pocas medidas que adoptan no son “adecuadas ni eficaces para evitar las emisiones acústicas contaminantes”. En resumen: sus actuaciones son “de mera apariencia de actividad administrativa, demostrativas de su nula voluntad de aminorar el ruido”.

Añade Herrera que la normativa municipal “es oscura, lenta de realizar las mediciones” y los Ayuntamientos “no dictan en tiempo y forma medidas correctoras sensatas y coherentes”. La vía disciplinaria tampoco ampara a los afectados.

Los restaurantes y bares “son tremendamente estruendosos” debido al “estilo actual” de los locales de moda, con suelos y techos de hormigón. Los comensales elevan su nivel de voz, sube el estrés acústico, la irritación de garganta, la incomodidad, el malestar. El cliente “no puede más, no pide ni el postre, sale del local atolondrado”, dice Herrera.

El abogado tienen una visión pesimista del futuro: “mientras los Ayuntamientos no tengan la empatía de concienciarse de que sus vecinos están realmente afectados en su salud y derechos fundamentales, todo seguirá igual”.

La normativa municipal es un “auténtico coladero” 

Antonio Peidro es ingeniero y expone un panorama igual de triste: solo 5 de las 17 comunidades autónomas han incorporado y desarrollado la normativa estatal contra el ruido.

Peidro se refiere a varias normativas que han resultado “nefastas”. En primer lugar, la adaptación en España de la Directiva Bolkstein, que persigue eliminar trabas burocráticas en el sector servicios. En la práctica, la aplicación de esas leyes y su desarrollo a nivel municipal “ha colapsado los servicios técnicos municipales y se ha convertido en un auténtico coladero”.

Igual de nefasta para el ruido nocturno ha sido la ley antitabaco de 2011, que obliga a los clientes a salir a la calle, donde continúan con sus conversaciones en voz alta.

El médico internista Jaime Galbarro hace un recorrido por las dolencias más habituales asociadas al exceso de ruido: discapacidad auditiva, perturbación del sueño, efectos cardiovasculares, bajo rendimiento escolar y laboral, agresividad social, irritabilidad y cambios en la secreción hormonal y en la respiración.

España, segundo país más ruidoso del mundo

Ello es consecuencia de un dato objetivo: vivimos en el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón. Nuestros vecinos no lo tienen mejor: el 50% de la población de la Unión Europea reside en áreas afectadas por molestias del tráfico rodado, aéreo o ferroviario.

El último autor del libro, José Luis Rodriguez Lainz,  juez de instrucción 4 de Córdoba, llama la atención sobre “la angustia de quienes sufren en silencio las graves consecuencias de verse invadidos en sus propias casas por el ruido del ocio”. Lo peor es que un sector todavía mayoritario de la población ningunea esas protestas, tildando a quienes las denuncian de “ñoños, amargados o cascarrabias”.

Las Administraciones públicas “apenas son capaces de dar una respuesta inmediata a tanto sufrimiento” y amparar a los vecinos. Lo único que hacen es “dilatar” el problema mediante “interminables expedientes administrativos de complicadísima gestión”, sostiene el juez cordobés.

La portada del libro.

En su artículo plantea la espectacular irrupción del fenómeno actual de los veladores, la apertura de ventanucos a la calle que hacen las veces de barra, las ampliaciones del local mediante toldos y la instalación de todo tipo de mesas, barriles y papeleras en la vía pública.

Las plazas, calles, aceras y espacios que por esencia son de todos los ciudadanos se convierten así en un “uso privativo” por parte del bar, que “delimita con macetas o setos el espacio, lo ocupa con sus mesas, sillas y mobiliario  e incluso coloca toldos verticales anclados al suelo que “impide cualquier otro uso” que no sea el del bar.