Aznalcóllar

Citado el jefe de Minas por "discordancias" entre su informe de Aznalcóllar y los datos previos

  • El informe señala aspectos como la ausencia del "título de concesión minera" en favor del grupo empresarial México Minorbis

Vistas de la Mina de Aznalcóllar

Vistas de la Mina de Aznalcóllar / Juan Carlos Muñoz

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis, ha citado como testigo al jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Territorial de la Consejería de Conocimiento y Empleo, A.A.M., para que aclare las "discordancias" que su informe de fecha 20 de noviembre arroja respecto a datos que obran en las diligencias acerca del proceso de adjudicación, toda vez que en dicho informe, este responsable de la Junta de Andalucía señala aspectos como la ausencia del "título de concesión minera" en favor del citado grupo empresarial.

En esta nueva providencia emitida el pasado 3 de diciembre, la juez instructora aborda el resultado de la diligencia ordenada para que el Registro Minero de Sevilla aportase a la causa copias autentificadas de las resoluciones mediante las cuales se otorgaba a México Minorbis la concesión relativa a la explotación del citado yacimiento, así como el título formalizado a tal efecto, reclamando los mismos aspectos respecto a la sociedad de propósito específico constituida por dicho grupo empresarial para la explotación de la corta minera, bautizada como Minera Los Frailes.

En ese sentido, el informe librado al respecto el pasado 20 de noviembre por el jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Territorial de la Consejería de Conocimiento y Empleo en Sevilla, recogido por Europa Press, detalla que sobre la resolución del otorgamiento a México-Minorbis de los recursos de la sección C) RSC de la concesión denominada Mina de Aznalcóllar, "la inscripción en el libro de registro de solicitudes de derechos mineros" relativa al citado recurso, numerada como 7953, "no se corresponde a la Zona de Aznalcóllar" ni al Grupo México-Minorbis como titular.

La inscripción que figura en el libro de registro de solicitudes de derechos mineros, según el informe, responde sólo a "la publicación en el BOJA del decreto (autonómico) que articula la reapertura de la mina de Aznalcóllar", un procedimiento en el que la Junta de Andalucía "se reserva la actividad extractiva, procediendo a la inscripción de la misma a continuación del último derecho minero anotado".

En cuanto al título concedido al Grupo México-Minorbis respecto a la concesión correspondiente a los recursos de la sección C) RSC de la concesión denominada Mina de Aznalcóllar, el informe expone que en la Delegación Territorial de la Consejería de Conocimiento y Empleo "no existe título de concesión minera denominada Zona de Aznalcóllar con número 7953 a favor de la citada entidad", dado que el acto numerado como 7953 corresponde a "la inscripción de una reserva de explotación realizada" por la Junta merced a su decreto de reapertura del mencionado yacimiento minero.

Minera Los Frailes

Acerca de la resolución de otorgamiento a la sociedad de propósito específico constituida por dicho grupo empresarial para la explotación de la corta minera, Minera Los Frailes, de los recursos de la sección C) RSC de la concesión denominada Mina de Aznalcóllar, el informe detalla que la inscripción que figura en el Registro Minero responde a una resolución del 25 de febrero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas "por la que se selecciona a la entidad que ha resultado adjudicataria del concurso para la explotación de las actividades extractivas de la Zona de Aznalcóllar".

Por último, respecto al título formalizado en favor de Minera Los Frailes sobre la concesión minera bautizada como Zona de Aznalcóllar, el documento expone que "no existe título a favor de esa entidad". Y es que la resolución del 25 de febrero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se selecciona a la adjudicataria de la explotación de la mina ceñiría la concesión del derecho de explotación al cumplimiento de unos "trámites previos" como la autorización del proyecto de aprovechamiento con la aprobación del correspondiente plan de restauración, la Autorización Ambiental Unificada y la aprobación del plan especial urbanístico.

Hasta el pleno cumplimiento de tales "trámites previos", según el informe del jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Territorial de la Consejería de Conocimiento y Empleo, "no procedería la expedición del citado título concesional".

Dado el contenido de este documento, la juez Patricia Fernández cita al autor del mismo para que el próximo 9 de enero, en calidad de testigo, aclare "las discordancias que se observan en algunos de los datos con aquellos que obran en las actuaciones en cuanto a requisitos, presupuestos, trámites, fechas, entidades adjudicatarias y demás datos relevantes".

La Junta de Andalucía, por cierto, se había opuesto a la decisión adoptada por la juez instructora para solicitar al Registro Minero de Sevilla la información correspondiente a los aspectos contenidos en este informe.

La investigación de la mina

La causa que investiga la juez de instrucción Patricia Fernández Franco, recordémoslo, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.

Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco llegó a apreciar "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación, investigando incluso a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, apartada de tal cargo hasta que la juez instructora del caso decidió después archivar las actuaciones. Empero, ante las impugnaciones a tal decisión por parte de Emerita y Manos Limpias, la Audiencia Provincial ordenó allá por 2016 la reapertura de la investigación judicial.

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