Este lunes 5 de octubre comienza el juicio contra Miguel López Adán, gerente hasta 2011 de la Fundación DeSevilla y que está acusado de un delito de fraude de subvenciones. Esta es la segunda vez que se señala la vista oral puesto que tuvo que ser aplazada en junio de 2019 por la imposibilidad de comparecencia de tres de los testigos previstos.

De este modo, nueve años después de la apertura del procedimiento, esta semana está previsto que se celebre la vista oral. La Fiscalía ha solicitado en sus una condena de cuatro años y medio de cárcel para López Adán, al que atribuye un delito de fraude de subvenciones por las irregularidades detectadas en la gestión de las subvenciones concedidas a la Fundación DeSevilla.  Según el escrito del Ministerio Público, el acusado realizó una utilización de la entidad para "actos partidistas y fines particulares" de Izquierda Unida. Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama una multa de un millón de euros y que indemnice al Ayuntamiento de Sevilla 742.500 euros.

Administración "muy deficiente"

En el escrito, el fiscal Fernando Soto señala que la administración de la fundación bajo la dirección del acusado fue "muy deficiente", desde el punto de vista contable de "absoluto descontrol", pues "no se llevaba una contabilidad analítica, que si bien no es obligatoria legalmente, sí permite la correcta imputación de gastos para la justificación de las subvenciones".

Según el Ministerio Público, esto ha permitido que DeSevilla "fuera un instrumento del partido de gobierno de la que dependía y así con consentimiento del acusado, fuera usada para actos partidistas y fines particulares del partido”, asevera.

Patrimonio negativo

La Fundación presentaba a 31 de diciembre de 2010 un patrimonio negativo por 1.510.617 euros, lo que motivó que se solicitara al Ayuntamiento una aportación extraordinaria de 1.624.319 euros que acabó aprobando el Pleno de Ayuntamiento. La contabilidad, prosigue el fiscal, presentaba deficiencias en los procesos administrativos y de control interno, "carencia de contabilidad analítica y de control presupuestario", y el acusado disponía del patrimonio e ingresos "a su libre arbitrio", hasta el punto de que el propio López Adán "permitió que se distrajeran 34.859 euros" previamente de una cuenta, que luego el propio acusado reintegró en metálico.

La Fiscalía destaca asimismo que el 28 de julio de 2011, día en que López Adán cesó en sus funciones, instaló un programa de ordenador de borrado seguro, denominado C Cleaner, con el que se procedió a borrar 24.577 elementos, 24.479 archivos y 98 carpetas, cuyo contenido no ha podido recuperarse porque el acusado “sobreescribió los archivos, haciendo imposible la recuperación del mismo".

El Ministerio Público acusa a López Adán de fraude de subvenciones en relación con el expediente 98/08, que formaba parte del convenio para la realización de 13 proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. La Fundación recibió el 75% de la ayuda, esto es 742.500 euros el 16 de diciembre de 2009 y el 20 de abril de 2010, la fundación "había gastado todo el dinero junto a otros ingresos procedentes de empresas municipales", entre los que el fiscal destaca algunos gastos significativos como los 259.288,48 euros que se destinaron al pago de nóminas de los trabajadores de la Fundación, otros 6.716,35 euros en facturas de autocares, 75.810,47 euros en concepto de vigilancia y comunicaciones "que nada tienen que ver con la actividad subvencionada".

Encuentro de solidaridad con Cuba

Además, López Adán retiró 5.980 euros en efectivo el mismo día en tres disposiciones en caja, dos de ellas por importe inferior a 3.000 euros, y el 29 de diciembre de 2009 otros 41.747,69 euros, de ellos 3.500 euros para la impresión de 2.000 documentos del X encuentro de Solidaridad con Cuba, y otros 10.352 euros fueron transferidos a una agencia de viajes.

El acusado solicitó varias prórrogas para la ejecución de los proyectos subvencionados cuando, según el fiscal, "la realidad era que la fundación no había ejecutado los proyectos más que de manera parcial y deficiente, y la transferencia de la misma se había gastado en otros fines". El 25 de marzo de 2011, el acusado presentó en el Ayuntamiento un escrito de "renuncia de la subvención", que fue aceptada por la junta de gobierno a propuesta de la delegación de Relaciones Institucionales, pero a pesar de ello "ni devolvió el dinero, ni presentó cuenta justificativa de la misma, desconociendo el destino de los fondos de ésta y otras subvenciones menores".

La Fiscalía también se refiere en su escrito al programa para la adquisición de un horno incinerador para el cementerio de Colón de Cuba, que había sido adquirido por 34.500 euros, lo que conllevaba un sobrecoste de 22.675 euros, dado que el ex edil Carlos Vázquez entregó 60.000 euros en metálico para el proyecto. De las investigaciones, la Fiscalía considera que la compra del incinerador se había encargado "mucho antes" de la concesión de la subvención y que no consta acreditado el pago de la factura.

Otro proyecto consistía en la adquisición de material informático con destino a La Habana, para cuyo traslado viajaron "10 personas de Comisiones Obreras” por un importe de 9.875,27 euros. Los ordenadores se adquirieron el 30 de abril de 2009 y se pagaron el 19 de diciembre de 2012, “tres días después del abono de la subvención".

El fiscal concluye que como consecuencia de la "desafortunada y fraudulenta gestión, no sólo del expediente 98, sino de otros y de la función en general se creó un desequilibrio patrimonial de 1.510.617 euros. De tal guisa era la caótica gestión, que a la liquidación de la fundación presentaba una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2011 de 16.000 euros y con la Agencia Tributaria de 83.673 euros".

En julio de 2016 el juez de Instrucción número 16 de Sevilla exculpó al ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y al ex concejal de Economía y Empleo Carlos Vázquez de la causa, aunque están citados como testigos.