Prevaricación

Condena de siete años de inhabilitación para el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos por prevaricación

Manuel Ruiz Lucas Manuel Ruiz Lucas

Manuel Ruiz Lucas

El Juzgado de lo Penal nº 11 de Sevilla ha condenado a Manuel Ruiz Lucas, ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos a siete años de inhabilitación y a indemnizar al Ayuntamiento con 40.000 euros por contratar los servicios del arquitecto Jerónimo Andreu mediante conversaciones orales y sin ningún tipo de trámite administrativo-documental.

Los hechos se remontan a 2005, cuando Manuel Ruiz Lucas, que fue alcalde de Castilblanco de los Arroyos durante 28 años, encargó al arquitecto Jerónimo Andreu la redacción del proyecto de ampliación de la Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer eludiendo cualquier tipo trámite y procedimiento relacionado con la contratación administrativa

Es la segunda vez que el ex alcalde del municipio sevillano es condenado por un delito de prevaricación, puesto que en 2012 el Juzgado de lo Penal número ocho impuso a Ruiz Lucas cuatro años de inhabilitación al "consentir" de manera "tácita" la construcción "indiscriminada" en la zona de Las Minas de 900 casas ilegale en la zona conocida como Las Minas, haciendo pues "una dejación deliberada de la aplicación de la disciplina urbanística" y permitiendo que se construya "mucho y mal".

Según se relata en los hechos probados, en el año 2005, tras varias conversaciones mantenidas con este arquitecto, Ruiz Lucas decide que sea él el que asuma profesionalmente la elaboración de la documentación técnica para la ampliación de la Residencia con el fin de optar a las subvenciones que por aquel entonces la Junta de Andalucía concedía para estos fines.

Una decisión que Ruiz Lucas toma en calidad de alcalde, sin someter la adjudicación de este proyecto a ningún procedimiento administrativo y que hubiera exigido un pliego de condiciones y concurrencia libre de profesionales, cuyos honorarios totales ascendían a 52.642 euros.

De esta cuantía, Ruiz Lucas abonó al arquitecto 18.000 € en junio de 2007, cuando ya se encontraba como alcalde en funciones, quedando pendientes de cobro más de 34.900€.

Al final, la subvención a la que estaban destinados los trabajos de Jerónimo Andreu no fue concedida por la Junta de Andalucía y ante la negativa del nuevo ayuntamiento a abonar el resto del proyecto, el aqrquitecto interpuso un recurso contencioso-administrativo que obliga al Consistorio a abonar la cuantía aún pendiente.

Durante este proceso, es la misma Fiscalía la que decide denunciar la mala intención por parte de Manuel Ruiz Lucas, llegando a la plena convicción de su culpabilidad por un delito de prevaricación.

Según la sentencia, la contratación del arquitecto, verbalmente, se hizo de forma ilegal y con carácter clandestino, ocultando el encargo de la redacción del proyecto a la secretaria municipal, hasta el momento de su aprobación en una sesión plenaria mediante resolución de alcaldía, cuando Ruiz Lucas se encontraba en condición de alcalde en funciones, lo que supone un quebranto del Patrimonio Público.

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