El juicio contra el promotor inmobiliario y el arquitecto acusado por la Fiscalía de presentar para una escritura de obra nueva una licencia con la firma falsificada de la Jefa de Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo ha concluido tras llegar a un acuerdo entre las partes. También había un tercer acusado al que la acusación particular le ha retirado los cargos.

Las partes habían llegado a un acuerdo extrajudicial por lo que no se ha reclamado responsabilidad civil. Durante su declaración, el promotor reconoció los hechos, por lo que se le ha aplicado la atenuante de confesión. Para la imposición de la condena, el tribunal también ha tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño y la de dilaciones indebidas, puesto que se trata de unos hechos ocurridos hace más de 12 años. Por otro lado, la Fiscalía ha retirado los cargos contra el arquitecto, que se ha acogido a su derecho a no declarar.

De este modo, el promotor inmobiliario ha sido condenado a tres meses y un día por el delito de estafa y el mismo tiempo por el de falsedad documental, además de 180 euros de multa. Una vez dictada la sentencia in voce, que es firme, se decretó la suspensión de la ejecución de la condena durante dos años. 

Según el Ministerio Público, en mayo de 2008 los acusados presentaron ante el Colegio de Arquitectos un proyecto para la realización de obras de rehabilitación en un edificio del barrio de Santa Cruz "puestos de común acuerdo y conociendo la inexistencia de la licencia de la obra que se tenía que realizar" otorgaron escritura de obra nueva y división horizontal meses antes ante notario.

La Fiscalía, que solicitaba 18 meses de cárcel para los dos acusados, señaló en su escrito que los acusados declararon en este acto notarial la regularidad de las obras, en concreto, el arquitecto afirmó "la concordancia de la obra nueva con el proyecto para el que se concedió la oportuna licencia". Sin embargo, según el Ministerio Público, la licencia aportada tenía falsificada la firma de la jefa del servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, "aparentando autenticidad copiando otra licencia auténtica" correspondiente a obras en otra calle diferente. 

El escrito de acusación señala que en diciembre de 2007, antes de tener toda la documentación en orden, la promotora inmobiliaria había vendido los apartamentos del barrio de Santa Cruz a otras dos empresas, cuando los acusados "tenían conocimiento de la inexistencia de licencia de obras para la realización del proyecto de rehabilitación".