El Ministerio de Justicia ha dictado una instrucción por la que se garantiza que las cuantías depositadas en los juzgados para el pago de salarios, pensiones de alimentos o indemnizaciones a víctimas de delitos, se sigan cobrando con regularidad durante el estado de alarma.
La instrucción, firmada por el secretario general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, en calidad de secretario general de la Administración de Justicia, tiene por objeto garantizar que no se queden retenidas esas cuantías en las cuentas de depósitos y consignaciones de los juzgados y se pueda seguir asegurando la cobertura de necesidades básicas de los ciudadanos, ha informado el Ministerio de Justicia.
En virtud de esta disposición, se establece que los letrados de la Administración de Justicia deberán emitir los mandamientos o autorizar las transferencias correspondientes puntualmente, ya sea de forma presencial o desde su entorno de teletrabajo, accediendo a la aplicación informática de gestión de la cuenta o a través del área privada del portal del Ministerio de Justicia. Se les insta a identificar a la mayor brevedad a los beneficiarios que no puedan identificarse a través de los datos contenidos en la aplicación o a cuyos expedientes no se pueda tener acceso inmediato.
La instrucción establece que cuando la gestión de la cuenta del órgano judicial corresponda a un letrado en situación de licencia por enfermedad o deber inexcusable por cuidado de hijos o mayores, el secretario coordinador provincial autorizará los accesos al sustituto ordinario.
Los secretarios coordinadores provinciales deberán remitir recordatorios a los Colegios de Procuradores y Abogados de su territorio sobre la conveniencia de aportar los datos de la cuenta corriente de los beneficiarios, con el fin de que los pagos se puedan verificar con mayor agilidad mediante transferencia directa.
Guantes, mascarillas y dispensadores
De otro lado, el Ministerio de Justicia ha formalizado la compra de 350.000 guantes, 175.000 mascarillas y 30.000 dispensadores de gel hidroalcohólico para la protección sanitaria de los funcionarios de los juzgados y tribunales que están garantizando los servicios esenciales durante el estado de alarma. Se trata de un contrato con la empresa española Merydeis por un importe de 553.048 euros, con el que se pretende cubrir las necesidades de los órganos judiciales durante un periodo de 45 días.
Además, ayer se inició en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha el reparto de otra remesa de material sanitario adquirido a Correos que alcanzará al conjunto de órganos judiciales del territorio esta misma semana.
Estos equipos se destinarán al personal y usuarios de la Justicia en los términos recogidos en la resolución resolución sobre seguridad laboral dictada el pasado lunes por el ministro Juan Carlos Campo.
La norma, consensuada con el conjunto de comunidades autónomas, establece que las medidas de protección individual están destinadas preferentemente a los trabajadores expuestos a un determinado riesgo en su actividad laboral, y se utilizarán cuando su salud y seguridad no puedan garantizarse con las medidas de protección colectiva dispuestas en la sede.
Se pondrán mascarillas y guantes a disposición de las dotaciones de servicios esenciales que realicen salidas urgentes, y se proporcionarán al usuario/justiciable/detenido, así como al acompañante si su presencia fuera necesaria, cuando sea imprescindible el acceso a la sede y se manifieste alguna afección respiratoria.
Las mascarillas se cambiarán si se humedecen y no se reutilizarán si son de un solo uso. Los guantes se desecharán diariamente o tras rotura o deterioro, evitando el contacto con la cara. Tras su uso, se depositarán en un contenedor habilitado a tal fin.
Los geles hidroalcohólicos deberán ser utilizados sistemáticamente por todas las personas tras rebasar la puerta de la sede judicial.
El Ministerio de Justicia seguirá trabajando para cubrir las necesidades de los funcionarios de los órganos judiciales en estas circunstancias excepcionales, en coordinación y diálogo permanente con las comunidades autónomas, para asegurar la prestación de los servicios esenciales en las mejores condiciones posibles y garantizar el mantenimiento de un servicio público imprescindible.
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