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Coronavirus en Sevilla: CSIF exige pruebas PCR para todos los funcionarios de los juzgados de Sevilla

  • El sindicato se reserva el derecho de emprender acciones civiles y penales en el caso de que no se realicen estas pruebas

El personal de limpieza desinfectando este lunes los accesos a la Audiencia de Sevilla. El personal de limpieza desinfectando este lunes los accesos a la Audiencia de Sevilla.

El personal de limpieza desinfectando este lunes los accesos a la Audiencia de Sevilla. / jose ángel garcía

El sindicato CSIF de Justicia ha exigido este viernes que se hagan pruebas PCR a todo el personal de Justicia en Sevilla para detectar a los posibles portadores del coronavirus, dado que entre ayer y el próximo lunes se incorporan 410 empleados a los juzgados de la provincia, que se sumarán a los que prestaban servicios esenciales desde que se decretó el estado de alarma. Según ha señalado el sindicato, el objetivo de la realización de estas pruebas es detectar posibles personas que sean portadoras del SARS-CoV-2 COVID-19 y "proteger así la salud, tanto del personal de Justicia que paulatinamente se está incorporando, como de las personas usuarias".

Así lo ha exigido el Sector de Justicia de CSIF-Sevilla en un escrito dirigido a la Administración de Justicia ante el inicio de la incorporación presencial de empleados de este ámbito en Andalucía, donde entre este jueves y el próximo lunes se habrán sumado 410 funcionarios de Justicia. La central sindical entiende que es esencial la realización de dichas pruebas y avisa de que si dicha petición no es atendida, se reserva el derecho de emprender las acciones, tanto civiles como penales, que puedan corresponder.

Por el momento, la incorporación de funcionarios de Justicia se está produciendo con normalidad, salvo alguna incidencia relacionada con falta de coordinación en la entrega de material de protección. No obstante, en general se dispone del material necesario, como mascarillas, geles y guantes, así como mamparas que ya habían sido colocadas.

De hecho, CSIF asegura que "consiguió que se demorara el inicio de la reincorporación de los trabajadores" al exigir provisión efectiva de los medios de protección a la Consejería como requisito ineludible previo. No obstante, anuncia que "permanecerá vigilante ante cualquier carencia de material o de incumplimiento del protocolo establecido, de manera que se preserven las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores".

El sindicato está realizando asimismo un exhaustivo trabajo de campo, comprobando que no falte ninguno de los elementos de protección individual ni colectivos necesarios en los órganos judiciales. También ha exigido a la Administración que se informe a los Comités de Seguridad y Salud de la planificación y periodicidad con la que se van a distribuir los medios de protección con el que se debe proveer a todo el personal que presta sus servicios en los órganos judiciales, y que fueron establecidos por Resolución del Ministerio de Justicia de 13 de abril.

Protocolo de desinfección de las herramientas de trabajo

La central sindical pide, igualmente, dotación de equipos de protección individual (EPIS); mascarillas, y guantes para todo el personal de la Administración de Justicia, así como la implantación de un protocolo de desinfección de las herramientas de trabajo.

La instalación de dispensadores de solución hidroalcohólica en los centros de trabajo, así como la instalación de cartelería informativa sobre utilización de EPIS y mantenimiento de distancia social de al menos 1.5 metros, son otras de las cuestiones en las que CSIF estará vigilante.

El sindicato comprobará que existe instalación de mamparas o pantallas de seguridad en todos los puntos susceptibles de llevarse a cabo la atención al público con el fin de evitar contagios, así como el rediseño, en su caso, de los puestos de trabajo para que exista una distancia de seguridad entre los trabajadores de al menos un metro y medio.

En cuanto a las medidas preventivas orientadas a la Protección de los Trabajadores, se solicita la creación de un protocolo de cara a la efectiva incorporación de la totalidad del personal del servicio público de justicia en la medida que se acuerde por la autoridad sanitaria, de manera que se eviten improvisaciones en relación a la protección de la salud de los funcionarios de Justicia.

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