La Fiscalía de Sevilla ha mantenido este viernes la petición de cuatro años y medio de cárcel para el ex gerente de la fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla) Miguel López Adán, al que atribuye un delito de fraude de subvenciones por las irregularidades detectadas en la gestión de las subvenciones concedidas a la entidad. El fiscal ha destacado en su informe que el acusado hizo una utilización para "actos partidistas y fines particulares" de Izquierda Unida, mientras que la defensa ha negado los cargos, reiterando la inocencia del ex gerente y pidiendo la absolución de Miguel López Adán, quien no ha hecho uso de su derecho a última palabra antes de que el juicio quedara visto para sentencia en el juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla.

El fiscal Fernando Soto, que reclama además una multa de un millón de euros al acusado y una indemnización de 742.500 euros para el Ayuntamiento, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que sostiene que el acusado cometió un delito de fraude de subvenciones en relación con el expediente 98/08, que formaba parte del convenio para la realización de 13 proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. 

DeSevilla recibió el 75% de la ayuda, 742.0000 euros, el 16 de diciembre de 2009 y, en tan sólo unos meses -el 20 de abril de 2010-, la fundación "había gastado todo el dinero junto a otros ingresos procedentes de empresas municipales", ha sostenido el fiscal, que ha añadido que algunos gastos significativos se destinaron al pago de nóminas de los trabajadores de la fundación -259.288,48 euros-, en facturas de autocares -6.716,35 euros- y en vigilancia y comunicaciones -otros 75.810,47 euros-, conceptos que "nada tenían que ver con la actividad subvencionada".

De la misma forma, el fiscal ha recordado en su informe la declaraciones de las funcionarias que actuaron como "liquidadoras" de la fundación, quienes aseguraron que en DeSevilla la plantilla estaba sobredimensionada y los trabajadores "cobraban mucho", y ha añadido lo que otra testigo definió como el "impuesto revolucionario" por el que los empleados de IU tenían que hacer una portación al partido de sus salarios. Según el fiscal, los miembros del partido comunista hicieron una aportación de al menos 180.000 euros al partido de sus salarios.

En la última sesión del juicio también han prestado declaración los últimos testigos propuestos en el juicio contra Miguel López Adán, entre ellos los guardias civiles que realizaron un atestado ampliatorio sobre las cuentas de la fundación DeSevilla y en el que concluyen que habían encontrado en relación con una agencia de viajes que trabajaba con la entidad una serie de facturas que no se correspondían con las emitidas por dicha agencia. Así, la Guardia Civil entiende que había facturas "infladas" que supuestamente se habían elaborado desde la fundación en relación con determinas actividades subvencionadas, y otras facturas que los investigadores desconocen a qué proyectos corresponden. 

Asimismo, los agentes de la Guardia civil, que rastrearon el destino del dinero del expediente 98/08, señalan que cuando finalmente llegó el dinero de esta subvención, con estas cantidades se pagaron fundamentalmente los proyectos de otro expediente, el 37. La Fiscalía también ha cuestionado los pagos realizados por importe de otros 400.000 euros a través de una póliza de crédito que tenía contratada la fundación y que acabó pagando el Ayuntamiento.