La jue de instrucción 11 de Sevilla ha fijado una fianza de 8.000 euros para Francisco Javier P.O., último  miembro de la banda del Ivi que queda en prisión acusado de dejar paralítico a un joven al que luego pensaban tirar al río.

La juez, en un auto al que tuvo acceso este periódico, explica la fianza porque la causa por el intento de asesinato está pendiente únicamente de la conclusión del sumario y su enjuiciamiento, situación en la que Francisco Javier no puede alterar pruebas.

Este acusado, junto con Iván H.P. conocido como el Ivi, y José Luis P.C., todos ellos miembros de la misma banda, están procesados por un delito de asesinato en tentativa y otro de lesiones.

Francisco Javier, presuntamente, apuñaló cuatro veces por la espalda a Israel G.M., y luego los tres acusados lo metieron en el maletero de un coche con intención de tirarlo al río pero desistieron al ser recriminados por los clientes de la discoteca que presenciaron la agresión.

Este investigado estuvo fugado durante nueve meses desde la agresión ocurrida el 27 de enero de 2019. Fue detenido en octubre y ha estado en prisión 4 meses y 4 días, según informa a este periódico la abogada del agredido, Ofelia Liñán.

Por este mismo hecho, el Ivi quedó libre bajo fianza de 2.000 euros. Los tres procesados deben depositar una fianza de 100.000 euros para hacer frente a sus futuras responsabilidades pero han sido declarados insolventes.

Aunque la defensa había propuesto una fianza de 4.000 euros, la juez la establece en 8.000, cantidad “adecuada a las circunstancias personales del investigado teniendo en cuenta que estuvo evadido de la acción de la justicia y por tanto con medios económicos para desplazarse por la geografía española”. También tiene en cuenta “el delito grave imputado y las indemnizaciones que se han fijado en el auto de procesamiento”.

En caso de depositar la fianza, la juez acuerda otras restricciones como personarse en el juzgado dos días al mes, la prohibición de salida del territorio nacional y la entrega del pasaporte.

Con el fin de dar protección a la víctima, el auto prohíbe al procesado aproximarse a menos de 500 metros de Israel, su lugar de trabajo o su domicilio y comunicar con él por cualquier medio.

La acusación particular que ejerce la letrada Ofelia Liñán ha impugnado este auto por la “extrema gravedad de los hechos, su naturaleza exacerbadamente violenta y el grave resultado lesivo” pues el agredido “a pesar de su juventud, 33 años, ha quedado postrado en una silla de ruedas de por vida”.

También cree que existe riesgo de reiteración delictiva “a la vista de su extenso historial delincuencial: 19 detenciones a pesar de su juventud” y “por el importante riesgo de fuga derivado del hecho de haberse mantenido en paradero desconocido durante nueve meses, “suponiendo todo un reto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su detención”.