La defensa del ex director general de Trabajo Juan Márquez ha criticado este martes la "falta de veracidad de los atestados preconstituidos" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la incorporación de manera "selectiva" por parte de los investigadores de la documentación que en su momento puso a su disposición la ex asesora de Empleo María José Rofa.

Así lo ha expuesto el letrado Manuel Pérez Cuajares, quien defiende a este ex director de Trabajo y que ha puesto de manifiesto que es "falso", como sostienen los investigadores de la Guardia Civil, que en la etapa de Juan Márquez se mantuviera el mismo sistema que en los años anteriores con Javier Guerrero, el principal imputado en el juicio de los ERE.

El letrado se ha referido a las manifestaciones de Rofa en el juicio para destacar que la ex asesora afirmó que los investigadores seleccionaron la documentación que se llevaron entre las que les había facilitado, y ha criticado la "falta de veracidad de los atestados preconstituidos" por la UCO.

Para la defensa, en la investigación se parte de una premisa errónea de que en esta causa "no se ha acreditado el destino de la finalidad pública del dinero", y ha señalado que la responsabilidad contable, para la que basta la mera negligencia en el control de los fondos públicos, no constituye un delito de malversación, y ha considerado que hay ayudas de las que tendría que hacerse cargo el erario publico de todas formas.

Ha recordado igualmente que Rofa declaró que ni un solo pago se hizo en la época de Márquez sin el visto bueno del viceconsejero Agustín Barberá, insistiendo la testigo en que "en lo que se pudo se mejoró y no hubo pagos cruzados" en esta etapa.

Niega la teoría de la "confabulación o contubernio"

La defensa ha rechazado igualmente que Márquez formara parte de una "confabulación" o "contubernio" con fines políticos o de clientelismo, y se ha preguntado que si él formaba parte de esa trama para defraudar con las ayudas por qué entonces encargó sendos informes externos relacionados con las ayudas. El ex director de trabajo actuó "con absoluta buena voluntad y esa confabulación no existió, no deja de ser una conjetura en la  mente de las acusaciones".

El abogado Manuel Pérez Cuajares ha dicho que a la llegada de Juan Márquez a la dirección general de Trabajo en mayo de 2009 se le transmite una situación de "descontrol y déficit administrativo" y comienza a tomar decisiones para mejorar los procedimientos administrativos relacionados con el pago de las ayudas, entre las que se encuentran el encargo "absolutamente legal" de dos informes externos sobre el procedimiento de concesión de las mismas y sobre las ayudas concedidas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla. Su única preocupación, ha dicho el letrado, era la tragedia de algunas familias que estaban sin percibir las ayudas.

El letrado ha rechazado la expresión que se le atribuye en relación con las ayudas a Ubago de que en este caso "primero sería el dinero y después vendrían los papeles", puesto que, según ha considerado, el propio documento acredita que eso no es así, puesto que en esa misma comunicación se quejan de toda la documentación que se les ha pedido respecto a todos los trabajadores beneficiarios de la ayuda y la entonces asesora de Empleo María José Rofa responde que deben "seguir el procedimiento conforme a Derecho".

La primera vez que la presupuestación de las ayudas se realiza de forma correcta es en la etapa de Márquez, asegura la defensa

La defensa del ex director general de Trabajo ha añadido que en la etapa de Juan Márquez es la "primera vez en nueve años en que la presupuestación de las ayudas se realiza de forma correcta" y eliminando las transferencias de financiación, y además se acaba con los desfases presupuestarios en la agencia IDEA en relación con los compromisos de pago asumidos por encima del crédito transferido. "En 2009 no se da una sola ayuda por Márquez", que se limita a cumplir los compromisos adquiridos con anterioridad, y "jamás se gastó por encima de lo presupuestado".

Asimismo, ha asegurado que Márquez dejó de pagar las ayudas de la Sierra Norte, con conocimiento del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández, y lo mismo ocurrió con otras ayudas como las de Mercasevilla, el conflicto de limpieza de Granada o las minutas de un despacho de abogados. Así ha recordado que cuando en el conflicto de limpieza un responsable le dijo que iban a emprender acciones contra la Junta por el impago, Márquez respondió que no pensaba pagar "aunque le trajera una foto firmada de Rocío Jurado".

También ha subrayado que el ex alto cargo "jamás" recibió un solo informe de la Intervención de la Junta alertando de las irregularidades y él no impidió ni oculto al interventor delegado en la Consejería el acceso a los expedientes de las ayudas, añadiendo que nunca se le requirió para que se fiscalizaran dichos expedientes por parte de la Intervención, y "todos los gestores piensan que si la Intervención no dice nada, todo se está haciendo bien", ha agregado.

De la misma forma, ha rechazado el supuesto engaño o inducción al error del Parlamento andaluz por una cuestión de prueba, dado que no se ha traído al juicio "a un solo parlamentario para que, sometido al principio de contradicción y con la obligación de decir la verdad, hubieran sostenido que no sabían lo que aprobaban".

Daniel Rivera, exculpado por las mejoras de Márquez

La defensa, como otras, ha criticado que el presente procedimiento es una "oda a la inconcreción" en el que se ha centrado una causa en las "maldades de un centro directivo, sin que se haya individualizado la intervención específica de cada director general" y así se ha referido a la exculpación del ex director general Daniel Alberto Rivera, que sucedió a Juan Márquez, para asegurar que los cambios que hacen "lícita su actuación" para la Audiencia de Sevilla los efectuó Márquez, añadiendo que "lo que sirvió para el sobreseimiento de Daniel Alberto Rivera debe servir para la absolución de Márquez".

Por último, ha recordado que en el análisis de los expedientes sólo se detectaron irregularidades administrativas y se ha preguntado qué han probado las acusaciones "más allá de las irregularidades procedimentales que ya detectó la Intervención", porque en su opinión ni se ha probado el menoscabo de fondos públicos ni la presunta malversación.