La Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a la Audiencia de Sevilla recoge que en 2019 entraron 11.426 asuntos (6.909 penales y 4.517 civiles). El índice de casos pendientes descendió un 19% respecto al año anterior en lo penal y subió un 3% en lo civil.

Los 6.909 asuntos penales ingresados supusieron un 8% menos que el año anterior, y los 4.517 de lo civil significaron una reducción del 9%, según la Memoria.

En total los 21 magistrados penales resolvieron 7.267 asuntos, dando muestra de “buena laboriosidad“ -afirma el TSJA- porque las Secciones Primera y Tercera resolvieron un 78% de su carga de trabajo, la Cuarta un 83% y la Séptima un 87%.

En el orden civil, la Memoria recoge que en 2019 se resolvió un 49% de media, oscilando entre el 42 % de la Sección Quinta y Sexta y el 75 % de la Sección Octava, diferencias de actividad “que no encuentran fácil explicación”.

La Sección Octava de lo civil “año tras año mantiene el mejor nivel resolutivo” pues su carga de trabajo se resolvería, al actual ritmo, en cuatro meses frente a los 13 meses de la Sección Segunda, 18 meses de la Quinta y 16 meses en la Sexta, según la Memoria que presentó la semana pasada el presidente del TSJA, Lorenzo del Rio. Los 4.517 asuntos ingresados por la cuatro salas civiles equivalen a un 9 % menos que en 2018.

El TSJA propone que los 15 magistrados con que cuentan las secciones civiles aumenten en dos, el mismo incremento que pide para la plantilla de 21 magistrados penales.

A la hora de analizar los juzgados de lo Social en Sevilla, el TSJA constata que durante 2019 continuó el plan de refuerzo con jueces de adscripción territorial agrupados en dos juzgados que cuentan con letrado de la administración de justicia y siete funcionarios de refuerzo cada uno, si bien los resultados “no han sido satisfactorios ni eficientes, tal y como revela el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial con motivo de la visita realizada a finales de 2018”.

En la provincia de Sevilla los juzgados de Violencia contra la Mujer recibieron 7.386 denuncias en 2019. En el 13% de ellas la denunciante se acogió a no declarar contra su agresor. Se adoptaron 774 órdenes de protección y se dictaron 150 sentencias condenatorias (el 42 % del total).

En los juzgados penales se dictaron 7.708 sentencias, de las que el 54 % fueron de conformidad, y en los juzgados de Menores hubo 613 sentencias penales, el 70% de conformidad.

La Memoria insiste, como otros años, en que las instalaciones judiciales del Prado de San Sebastián son inadecuadas y “demasiado obsoletas”. “Es público y notorio el objetivo de unificación de las distintas sedes en la ciudad, donde se gastan anualmente más de 5 millones de euros en alquileres”, dice la Memoria, y añade la confianza de que la crisis del coronavirus no paralice los planes para crear una Ciudad de la Justicia unificada en Palmas Altas.