El Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y la Directora General para el Servicio Público de la Justicia del Ministro de Justicia han mantenido una reunión, a través del sistema de videoconferencia, con las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y las tres de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) para informar sobre los planes de desescalada para la Administración de Justicia.

Las siete asociaciones han emitido un comunicadao conjunto en que señalan que tras la nueva prórroga del estado de alarma "se alzarán los plazos administrativos el próximo 1 de junio y los procesales el 4 de junio". Asimismo, señalan que la fase 2 se podría activar la próxima semana tras la reunión de la Comisión de Coordinación, compuesta por el Consejo General del Porder Judical, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogación Española y las comunidades autónomas, prevista para el próximo viernes. En esta fase está previsto que se incorporen en tre el 60 y el 70% de la plantilla con turnos de tarde y tendrá una duración de dos semanas. El 8 de junio es la fecha prevista para el comienzo de la fase 3. La idea que tiene el Ministerio es la recuperación de la normalidad en el mes de septiembre, dependiendo de la evolución de la emergencia sanitaria. 

Según las asociaciones jurídicas desde el Ministerio de Justicia se ha garantizado "la adecuada protección de todo el personal, profesionales y del público en general en las sedes judiciales y fiscalías". En estas prmeras semanas se recomienda no cargar en exceso las agendas de señalamientos.

Una vez que llegue el mes de septiembre, que es cuando el ministerio considera que se recuperará la normalidad judicial, están previstos planes de choque y de refuerzo, en coordinación con el CGPJ y la FGE junto con los órganos judiciales asociados a la COVID-19 y la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales. Serán objeto de análisis los vigentes planes de refuerzo y comisiones de servicio. El comunicado señala que como soluciones tecnológicas a la situación creada por esta crisis, "siguiendo el modelo de otras administraciones, está en estudio la cita previa y la videoidentificación. A fin de garantizar la publicidad de las vistas orales se quieren realizar retransmisiones en “streaming” de los juicios, empezando en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional".

Asimismo, en el comunicado, la asociaciones jurídicas indican que en la primera semana de junio se presentará un anteproyecto de ley de eficiencia procesal en el que, entre otras medidas, hay una apuesta decidida por los medios alternativos de solución de conflictos.“Valoramos muy positivamente esta reunión, en la que hemos insistido en la necesidad de respetar las exigencias sanitarias y de seguridad, además de que los medios tecnológicos se implanten rápida y eficazmente en todas o la mayor parte posible de las sedes porque, de lo contrario, no se podrán celebrar actos judiciales en condiciones de seguridad. Y, por último, AJFV también ha insistido en la importancia de coordinar la reanudación de los plazos procesales con la reactivación de las actuaciones judiciales, que depende del CGPJ, con medidas que flexibilicen la suspensión total de esas actuaciones para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante los tribunales de Justicia”.

Por su parte, las asociaciones profesionales han insistido en que deben garantizarse las medidas de seguridad adecuadas en las sedes judiciales. También han mostrado su rechazo a que los jueces y juezas en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo, por vulnerar claramente la independencia judicial.

El portavoz nacional de la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero ha insistido "en la necesidad de respetar las exigencias sanitarias y de seguridad, además de que los medios tecnológicos se implanten rápida y eficazmente en todas o la mayor parte posible de las sedes porque, de lo contrario, no se podrán celebrar actos judiciales en condiciones de seguridad. Y, por último, AJFV también ha insistido en la importancia de coordinar la reanudación de los plazos procesales con la reactivación de las actuaciones judiciales, que depende del CGPJ, con medidas que flexibilicen la suspensión total de esas actuaciones para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante los tribunales de Justicia".