El guardia civil que estaba al frente de la investigación de las ayudas a Novomag, una empresa de la Línea de la Concepción, ha declarado ante el tribunal  que juzga la cuarta causa de los ERE ,que entre los años 2003, cuando se concede la ayuda, y 2011 la empresa "no tuvo actividad ninguna" puesto que en la documentación de Hacienda analizada por la Guardia Civil, en los años 2003, 2004, 2005 y 2009 no consta relación con terceros. A esto se suma que la consitución de Novomag es de abril de 2003 aunque no se da de alta en la Seguridad Social hasta 2011.

Asimismo, a preguntas del fiscal, el agente aseguró que en las cuentas de la sociedad no existe ningún aporte de algún inversor externo "ni ingreso alguno aparte de los recibidos por el ERE y algún que otro cobro de Idisur". Esta empresa es en la que habían estado trabajando con anterioridad los acusados. El guardia civil afirmó a preguntas del fiscal que tanto Idisur como Novomag tenían la misma sede social.

A preguntas de la letrada de la Junta de Andalucía, el agente indicó que no existía ninguna solicitud de ayiuda por parte de Novomag a la Administración Autonómica. "El único documento realativo a la ayuda era un convenio firmado entre el director del IFA y el Director general de Trabajo", testificó. En opinión del investigador, la empresa no cumplió ninguno de los requisitos establecidos para la concesión del ERE: afianzar el tejido productivo de la zona y creación de empleo y mantenimiento del existente. "En 2011, cuando empieza a funcionar Novomag son 9 trabajadores, de los que 3 proceden de Idisur, que tenía 35 empleados", explica el guardia civil.

Según reconoció el testigo, a preguntas de la defensa, las conclusiones del informa de la Guardia Civil son "deliberaciones propias" del investigador "basadas en el informe de la Intervención".

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de tres años de cárcel para cada uno de los acusados y también otros ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación. Y reclama que los acusados y Novomag indemnicen a la Junta de Andalucía con 420.708,47 euros, la cantidad abonada en la ayuda.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía considera igualmente que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pero solicita una condena inferior a la de la acusación pública, dado que pide que sean condenados a 18 meses de prisión menos un día cada uno de los cinco acusados, lo que posibilitaría en caso de condena la suspensión del ingreso en prisión.