Las últimas novedades en torno a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, con un traslado previsto para finales de 2022, van aplacando la oposición del mundo jurídico. Ahora valoran la importancia de que dos administraciones de distinto signo político se pongan de acuerdo, la previsión de tener metros cuadrados de reserva y que, por primera vez en 25 años, “se hable en serio de la Ciudad de la Justicia”.

Uno de los que ha matizado su oposición es Luis Fernández Arévalo, fiscal jefe de Sevilla. Hace exactamente un año criticó Palmas Altas diciendo que iba a aumentar la disgregación de sedes “de metros a kilómetros”. Ahora, afirma a este periódico que apoyaría el proyecto condicionado a que se resuelva la accesibilidad y se garanticen metros cuadrados para expandirse, como parece que va a suceder con las parcelas adyacentes de reserva que podría comprar la Junta.

Destaca Fernández Arévalo que Palmas Altas, con el actual proyecto, tendría más de 100.000 metros cuadrados, frente a los 64.000 disponibles en las actuales instalaciones judiciales, y que se podría hacer el traslado en tres o cuatro años, frente a los cuatro o cinco anteriores.

Pese a ello, constata el “cariño generalizado” de un mundo judicial que "está cómodo" en el Prado de San Sebastián y por ello sigue defendiendo un “Distrito Judicial” en esa zona aprovechando las parcelas de la avenida de Cádiz, Carlos V, Estación de Autobuses y Equipo Quirúrgico. “La alternativa no nos gusta pero tiene componentes positivos”, afirma el fiscal jefe.

El decano del Colegio de Abogados, Óscar Cisneros, considera lo más positivo de la actual situación que dos administraciones de distinto signo como la Junta y el Ayuntamiento se hayan puesto de acuerdo.

“Ante esa decisión tomada y no consensuada con el sector”, Cisneros dice a este periódico que un “sentido práctico de las cosas” le llevará a luchar por “los mejores servicios para nuestros  colegiados”.

“No significa que sea lo que más me guste, pero por fin desde hace 25 años se está hablando en serio de la Ciudad de la Justicia”, afirma, y añade que lo que mas dudas le plantea es la accesibilidad al nuevo complejo de  Palmas Altas.

Cisneros considera otro requisito la unidad de sedes y que la Audiencia Provincial se traslade también a Palmas Altas para que la Ciudad de la Justicia “no se convierta en barrios de la Justicia”.

Su antecesor como decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, decía hace solo diez meses que Palmas Altas era un proyecto “escandaloso, descabellado” y una “componenda contraria a los intereses de Sevilla”.