Apropiación

Piden tres años de cárcel para una administradora de fincas que se quedó con más de 70.000 euros

  • Según la Fiscalía, no sólo se quedó con dinero de la explotación del inmueble, sino que además no pagó el IBI de la finca durante cuatro años

La Audiencia de Sevilla y los juzgados al frente.

La Audiencia de Sevilla y los juzgados al frente. / juan carlos muñoz

Una administradora de fincas se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida al quedarse, según la fiscalía, con dinero proveniente de la explotación de inmueble pertenecientes a tres ramas de una familia. Tampoco pagó, según el Ministerio Público, el IBI correspondiente a cuatro años, a pesar de que los propietarios abonaron en su cuenta el dinero necesario para abonarlo.

El juicio está previsto que se celebre el próximo 9 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y en él, la Fiscalía solicita además de los tres años de prisión por un delito de apropiación indebida, una multa de 2. 700 euros. La acusación considera que el perjuicio que ha causado la procesada a los propietarios del inmueble asciende a 72.618,53 euros.

Según el Ministerio Público, desde 2014 hasta mediados de 2019, la acusada estaba facultada por los propietarios del inmueble, situado en el centro de Sevilla, para ingresar de forma directa en su cuenta personal las rentas y el resto de ingresos provenientes de la explotación de la finca. "así como para abonar con cargo a dichos ingresos cualquier gasto que pudiera provocarse, debiendo rendir cuentas a los propietarios mediante una liquidación mensual".

Desde 2014 hasta mayo de 2019 este fue el modo de funcionamiento. Fue entonces cuando, según el escrito de acusación al ver que el saldo positivo de los propietarios de la finca en la cuenta de la acusada era de 78.151,86 euros, se le requirió que repartiera entre las tres ramas de la familia 60.000 euros. Llegó a dar 7.000 euros a una de ellas y 5.000 a otra "de cuentas provenientes de terceros",  según la Fiscalía.

La acusación añade que la acusada tenía "obligación de abonar el IBI correspondiente al inmueble", pero "pese a que en la liquidación que remitía a los propietarios hacía constar que el mismo había sido abonado".  El impago del IBI desde 2015 hasta 2019 generó una deuda de 22.707,60 euros a fecha de 2019 a los que hay que sumar un recargo de 4.100,94 euros.

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