Falsedad documental y estafa

Piden 18 meses de cárcel por estafar y falsificar la firma de una jefa de servicio de Urbanismo

  • Los acusados, un promotor inmobiliario y un arquitecto presentaron para una escritura de obra nueva una licencia con la firma falsificada de la Jefa de Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo

Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla

Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla / Juan Carlos Vázquez (Sevilla)

La Fiscalía solicita 9 meses de cárcel por un delito de estafa y otros tantos por falsedad de documento público para dos personas, Mario M. G. y José Luis R. P., representante de una promotora inmobiliaria y arquitecto respectivamente. 

Los hechos se remontan a 2008 y está previsto que se enjuicien en la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo martes 23 de febrero.Según el Ministerio Público, en mayo de 2008 los acusados presentaron ante el Colegio de Arquitectos un proyecto para la realización de obras de rehabilitación en un edificio del barrio de Santa Cruz "puestos de común acuerdo y conociendo la inexistencia de la licencia de la obra que se tenía que realizar" otorgaron escritura de obra nueva y división horizontal meses antes ante notario. Los acusados declararon en este acto notarial la regularidad de las obras, en concreto, el arquitecto afirmó "la concordancia de la obra nueva con el proyecto para el que se concedió la oportuna licencia". Sin embargo, según la Fiscalía, la licencia aportada tenía falsificada la firma de la jefa del servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, "aparentando autenticidad copiando otra licencia auténtica" correspondiente a obras en otra calle diferente. 

El escrito de acusación señala que en diciembre de 2007, antes de tener toda la documentación en orden, la promotora inmobiliaria había vendido los apartamentos del barrio de Santa Cruz a otras dos empresas, cuando los acusados "tenían conocimiento de la inexistencia de licencia de obras para la realización del proyecto de rehabilitación".

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de falsedad en documento público, por el que solicita 9 meses de prisión a cada uno de los acusados y una multa de 5.400 euros y otro delito de estafa, por el que pide otros 9 meses de prisión a ambos. 

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