Contratos fantasma de Umax

La Junta destaca el "menoscabo de fondos públicos" por los contratos fantasma de UMAX

  • Asegura que el "contrato verbal" entre Guerrero y el dueño de Umax "carece de cobertura legal, porque su objeto es imposible e ilegal".

Imagen del primer día del juicio de Umax Imagen del primer día del juicio de Umax

Imagen del primer día del juicio de Umax / José Ángel García

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el caso de los contratos fantasma con la empresa Umax, ha destacado este martes en su informe de conclusiones el "menoscabo de fondos públicos" producido por la contratación de 44 personas que tenían "relaciones de amistad o vecindad" con el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y que fueron mantenidos por su sucesor en el cargo, Juan Márquez.

En su informe ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, la letrada de la Junta, Victoria Gálvez, ha cuantificado ese menoscabo de fondos públicos en el "coste salarial superior" que supuso la contratación de estas 44 personas, que fue decidido "por un particular", con el que Guerrero pactó un beneficio máximo del 20% por esas contrataciones y en las que también se abonó el IVA de las facturas. La acusación particular ha afirmado que la ganancia obtenida por el empresario ha supuesto ese menoscabo de fondos públicos y ha llamado la atención sobre que dos de los contratos se firmaron el 18 de febrero de 2003, "una semana antes" de la constitución de la sociedad que facilitó los trabajadores.

Además de la relación de vecindad, por ser naturales de El Pedroso (Sevilla), que muchos de los contratados tenían con Guerrero, la Junta ha recordado que también fue contratado un sobrino de Juan Márquez, y ha señalado que muchos de los trabajadores han manifestado que "no saben" a quien entregaron el currículum para trabajar a través de Umax.

Sobre el "contrato verbal" que suscribieron Guerrero y el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, la Junta sostiene que el mismo "carece de cobertura legal, porque su objeto es imposible e ilegal", dado que la contratación de personal para una administración pública debe "hacerse por los cauces establecidos para la selección de personal" en el sector público.

Ese acuerdo verbal, ha proseguido, no constituye una "mera irregularidad", sino que es "nulo d pleno derecho" y es "manifiestamente ilegal desde el punto de vista penal, llamando la atención asimismo sobre la "infracción reiterada de las normas de contratación pública" y un "desprecio al interés general", al haber acudido a los contratos menores, que están previstos para importes que no superen los 18.000 euros, entre otros requisitos.

"Desviación de poder"

Por todo ello, ha conclu¡do que en estos contratos se "prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", al haberse contratado "arbitrariamente" a estas personas a través de un tercero, y ha considerado que se produjo además una "desviación de poder por quienes han ordenado y permitido esas contrataciones", por cuanto se han usado fondos públicos que han supuesto un "desplazamiento patrimonial sin causa".

La letrada de la Junta, que no acusa a un tercer ex director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, ni a los ex secretarios generales técnicos Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina, reclama una condena de 11 años de prisión para Javier Guerrero, de siete años para Juan Márquez y de diez años para el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, al que atribuye delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. En cuanto a las indemnizaciones, la Junta pide que Guerrero y Ulpiano abonen solidariamente 467.106 euros; otros 434.393 euros entre Márquez y Ulpiano; y Ulpiano además otros 390.257 euros, con responsabilidad subsidiaria de Umax Informática y Consultoría.

La Junta de Andalucía ha coincidido con la Fiscalía de Sevilla en que no se ha producido indefensión a los acusados por la falta de concreción de la imputación, ni tampoco que se ha incurrido en dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.

Tras la exposición de los informes de la acusaciones, ha llegado el turno para las defensas. La abogada Inmaculada Torres, que defiende al ex director Juan Márquez, ha pedido en su informe la absolución del ex alto cargo, al estimar que no hay ninguna aprueba que acredite los delitos por los que está acusado, y así ha afirmado que "ni se ha señalado resolución alguna dictada por Márquez ni qué cantidad ha pagado", en relación con estas contrataciones fantasma.

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