Vox no da por cerrada la denuncia contra el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, a pesar del contundente auto que tumbó su querella por el incidente que tuvo lugar el Día de Reyes de 2021 en el restaurante Princi.Pico de los Remedios. La formación política ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Sevilla, en el que solicita que se revoque el archivo y se cite a declarar como investigado a Cabrera, todo ello con la finalidad de que se "aclaren todas las circunstancias relativas a los hechos de referencia así como las contradicciones existentes entre sus manifestaciones iniciales y lo descrito en el informe emitido por el Superintendente Jefe de Policía Local José Medina Arteaga", de quien también pide que declare como testigo.

En el recurso de Vox, al que ha tenido acceso este periódico, la formación muestra su "sorpresa" por la decisión de la juez de Instrucción número 13 de Sevilla, por cuanto considera que "se concluye con la lectura del auto impugnado que todo aquel que ejerce un cargo político en cualquier Administración Pública puede gozar de una posición preferente y dominante respecto de los demás, haciendo gala del cargo de ostenta en cualquier situación cotidiana de su vida diaria en beneficio de sus propios intereses y en consecuencia, en detrimento del resto de ciudadanos de a pie".

Vox no está de acuerdo con la afirmación de la juez de que lo que sucedió podría ser en todo caso una "incorrección política” y no una conducta penalmente reprochable porque "los hechos no ocurrieron en un ámbito político propiamente dicho, sino que se generaron en la esfera más privada de una persona cual es la de una reunión familiar que desencadenó en un incidente tumultuario propiciado por el abuso de poder que el investigado hizo valer frente a los ciudadanos de a pie".

Por ello, Vox insiste en que los hechos investigados son constitutivos de un delito de coacciones con las concurrentes agravantes de "abuso de autoridad basados en motivos racistas, obrar con abuso de confianza y prevalerse del carácter público que tenga el culpable" y, en este sentido, señala que se generó un incidente en un restaurante con "importantes consecuencias no solamente por la situación desagradable vivida por los asistentes y empleados del propio establecimiento, sino además, por el hecho de que un cargo político pueda actuar en su vida diaria avasallando y amedrentando a todo aquel ciudadano de a pie que no satisfaga sus exigencias".

En el recurso, la acusación sostiene que a día de la fecha "existen aún numerosas pruebas que no se han practicado y que esta parte ha reiterado en cuantiosas ocasiones, llamando especialmente la atención que sólo se han practicado las que han resultado beneficiosas a la defensa del presente procedimiento". 

El "afán proteccionista" del juzgado

Así, considera sorprendente el “afán proteccionista” que desde el principio se le ha dispensado al denunciado por cuanto que en toda la fase de instrucción no se le ha citado a declarar en calidad de investigado a Cabrera en sede judicial, "contraviniendo el tenor de lo dispuesto en el art. 776 de la LECrim, pues únicamente se le requirió evacuar dicho trámite por escrito sin que conste en autos ni siquiera la lectura previa de sus derechos como investigado ni tampoco se le ha podido formular el interrogatorio de preguntas que todo investigado debe ser sometido a fin de que se esclarezcan las causas por las que se le investiga".

En cuanto a la grabación audiovisual de un camarero propuesta como prueba, que para la juez fue ilegal, sostiene el recurso que dicha prueba fue "lícitamente obtenida, ya que la licitud o ilicitud de la misma no recae sobre el consentimiento del autorizado sino en la participación o no en la conversación grabada por parte de quien la realiza". En el vídeo aportado, "efectivamente se graba al camarero en una conversación mantenida tras los hechos, entre él y las demás personas entre las que se encontraba la persona que grababa el vídeo que igualmente participa en la conversación".

Vox concluye igualmente que el hecho de que el establecimiento no resultara sancionado es "mérito única y exclusivamente del buen hacer del mismo que tenía toda su documentación en orden y cumplía con todos los requisitos exigidos, soportando, sin ser cogido en un renuncio, una inspección de cuatro horas por dos inspectores, que no podía más que obedecer a la soberbia en el, de nuevo, abuso de autoridad llevada a cabo por el teniente alcalde".

Por último y con respecto a los supuestos insultos racistas, que la juez también rechaza, el recurso señala lo siguiente: "Una muestra más del abuso de poder e influencia, así como el miedo a posibles represalias queda patente ya que efectivamente los afectados insultados probablemente no se atrevieron a presentar querella, ya que el restaurante es una concesión administrativa del Ayuntamiento de Sevilla, sito en el parque municipal de Los Príncipes, en El Barrio de Los Remedios, como hemos indicado con anterioridad" y añade que el delegado profirió los insultos de “sudaca de mierda” al encargado ante su negativa a satisfacer sus pretensiones, "constituyéndose en un claro y meridiano supuesto de delito de odio propiciado en un clima de violencia verbal y sobre todo, en el que estaban presentes más de 40 personas presentes, incluido niños".