El acuerdo tenía como objeto la constitución de un fondo solidario sustanciado en la puesta en marcha de una moneda social, denominada moneda Ossetana, una tarjeta monedero que permite a los beneficiarios de la misma poder adquirir productos de alimentación, centrada en la “alimentación básica y saludable de los miembros de dichas familias”. Las familias compraban en determinados establecimientos designados y posteriormente estos negocios recibían el importe en euros del Ayuntamiento.

Sin embargo, Vox sostiene que "hay muchos gastos que no se corresponden con la finalidad de la moneda ossetana, correspondiendo a gastos en bares y verbenas celebradas en el pueblo. Igualmente existen presuntamente compras que no se corresponden con alimentos de primera necesidad, tales como botellas de bebidas alcohólicas. Y por último igualmente parece ser que algunos beneficiarios de esta moneda no son vecinos del Municipio de San Juan de Aznalfarache".

La denuncia de Vox, que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por estos hechos, recoge que cuatro funcionarios del Ayuntamiento emitieron un informe en el que señalaban diversas irregularidades relacionadas con este programa y así indicaban en primer lugar que ya que no existe expediente alguno sobre el programa de la moneda ossetana. “El programa de la Moneda Ossetana no existe”, por lo que se producía “una articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal”. Además, recogían que el programa de la moneda social ossetana no está reglado y está basado en un reconocimiento de obligaciones o ejecución del gasto que pueden conllevar ilícitos penales. “La inexistencia de esta cobertura hacer que se esté dando una actuación arbitraria de la administración municipal actuando de facto y al margen de los parámetros constitucionales”, señalaba el informe según recoge la denuncia de Vox.

La formación política concluía que "no se han cumplido con el procedimiento establecido en ningún momento, obviándose por parte del Ayuntamiento las más elementales obligaciones, actuando sin la existencia del programa y al margen de los procedimientos administrativos y de los controles que todo gasto debe llevar".

Además, según los denunciantes, "no hay un reglamento u ordenanza alguna en la que se recojan con claridad y de forma conocida por todos los criterios que se utilizan desde los servicios sociales para designar los beneficiarios de las ayudas, por lo que si bien el establecimiento en un tablón de criterios ofrece algo de transparencia se debe aprobar una normativa municipal que regule esta materia de forma objetiva y general para todos”.

En cuanto a los importes destinados a este programa, desde el año 2017 se han venido realizando consignación anuales por importe de 20.000 euros a favor de la ACPP.  En total desde que el convenio se firmó, se han realizado cuatro consignaciones por importes cada uno de 20.000 euros, con lo que el gasto asciende a 80.000 euros, y se solicitó una ampliación a mediados del 2020 con ocasión de la pandemia provocada por el Covid de 50.000 euros, que ya no ha sido aprobada.