Villanueva del Río y Minas

Piden 18 meses a la ex alcaldesa por segregar una vía pecuaria

  • Firmó 23 decretos pese a la advertencia del técnico municipal 

La ex alcaldesa María José Cervantes La ex alcaldesa María José Cervantes

La ex alcaldesa María José Cervantes

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La Fiscalía de Sevilla pide 18 meses de cárcel para María José Cervantes, ex alcaldesa de Villanueva del Río y Minas por el PSOE, por un presunto delito continuado de prevaricación al autorizar unas segregaciones urbanísticas “haciendo caso omiso, de forma consciente en intencionada” a la advertencia del arquitecto técnico municipal.

La alcaldesa firmó las segregaciones a instancias de la Sociedad de Desarrollo Local San Fernando, constituida por el Ayuntamiento, que se encontraba en situación de quiebra en el momento de los hechos. En total firmó 23 decretos para parcelas de entre 50 y 780 metros cuadrados entre 2008 y 2010. 

El fiscal señala en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, que estos hechos fueron denunciados en 2011 y la acusada no declaró en el juzgado de Lora del Río hasta febrero de 2018. Por ello aplica la atenuante de dilaciones indebidas y solicita para la ex regidora 18 meses de cárcel por un delito continuado de prevaricación. Además, pide que sea inhabilitada durante 10 años para ejercer cualquier empleo o cargo público.

En cada uno de los 23 decretos firmados, según la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, el arquitecto técnico  municipal advirtió a Cervantes de que “toda la superficie a segregar o parte de ella se encontraba en la Cañada Real Vereda de la Carne que cruza el término”.

“La acusada, que no solicitó informe jurídico, haciendo caso omiso, de forma consciente e intencionada al informe técnico, autorizó las referidas segregaciones, contraviniendo así la legalidad urbanística”.

La Cañada Real, como vía pecuaria, es un bien de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por tanto es inalienable, imprescriptible e inembargable”, dice el fiscal, y añade que “no se respeta con la segregación la unidad mínima de cultivo aprobada por la Junta de Andalucía”.

En 2016, Cervantes fue condenada a cinco años de inhabilitación por un juzgado penal por conceder otra licencia para construir en zona no urbanizable.

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