Los jueces y juezas españoles concluyeron en el segundo trimestre de 2020 un total de once procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 37 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al segundo trimestre del año, que también incluye el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo, que fueron 2.

La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

En los tribunales andaluces se acusaron a 7 personas físicas y 1 jurídica en 2 procedimientos por delitos de corrupción. Asimismo, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 los entencias dictadas los juzgados y tribunales españoles dictaron 8 sentencias en procedimientos por corrupción. De ellas, 7 fueron condenatorias y sólo una, absolutoria. En Andalucía hubo tres sentencias condenatorias.