Juicio

El martes arranca el juicio contra 35 sindicalista del SAT que formaban parte de un piquete informativo

  • La Fiscalía solicita un año y medio de prisión para cada uno de los acusados

Después de haberse suspendido hace un año por falta de notificación a todos los acusados, el martes 11 de junio arranca el juicio contra los 35 sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por el piquete informativo durante una huelga en la finca La Jarilla. Se trata según el portavoz nacional del sindicato, Óscar Reina, de un macrojuicio por la realización de una huelga en 2008 para protestar por el despido a dos cuadrillas de afiliados al SAT por ser sindicalistas. 

La Fiscalía solicita una pena de un año y 11 meses de cárcel para cada uno de los acusados así como una indemnización de 3.060 euros. La empresa propietaria de la finca reitró los cargos. A esto se suma la solicitud del pago de las multas a 1.800 euros y 600 euros por daños. A cada uno de los investigados se les imputa un delito de coacción de derecho del trabajo. 

Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, los procesados actuaron "en grupo y conjuntamente, con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga".

Una vez en el lugar, insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándoles "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta" y similares. Según el fiscal, causaron diversos destrozos como partir candados, inutilizar cerraduras o desinflar la ruedas de un tractor, dañaron utensilios como un atomizador, unos testigos de humedad y unos tensiómetros, cortaron las tuberías de los sistemas de riego y rompieron latas anti heladas.

Su objetivo era "impedir el desarrollo de la producción y que los trabajadores que deseaban trabajar esos días no pudieran hacerlo". En total, los daños causados en la finca han sido tasados en 1.797 euros. Los acusados también rompieron las cuatro válvulas y vaciaron el aire de la ruedas de un tractor propiedad de un trabajador de la finca, causándole desperfectos tasados en 608 euros.

El fiscal imputa a cada acusado un delito de coacciones por el que pide 23 meses de prisión y una multa de nueve meses con cuota diaria de 6 euros (1.620 euros)-

Por otro delito de daños, solicita ocho meses de multa con cuota diaria de 6 euros (1.440 euros).

La representación de los sindicalistas la realiza el bufete Legalcores, que solictará la libre absolución amparándose, según explicó Óscar Reina, en que Diego Cañamero, que fue juzgado por el mismo hecho por el Supremo al ser aforado, tiene archivado el caso. "Lo pedimos aplicando el principio de igualdad", explicó.

El sindicato esgrme que se trata de una  "represalia sindical en el momento en el que se despide a trabajadores afiliados y fuimos a la finca a pedir que se les readmitiera porque había trabajo de sobra en la finca al ser la época de la poda del olivar".

El juicio será los días 11, 13, 14 y 18 de junio. El SAT ha convocado para el primer día del juicio una concentración en la puerta de los Juzgados del edificio Noga a las 9:30. 

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