La abogada sevillana Ofelia Liñán Aguilera participó este martes en Catania (Sicilia) en el juicio contra los dos únicos miembros del cártel de Sinaloa que fueron detenidos por introducir en el año 2020 un total de 385 kilos de cocaína en Italia. La Fiscalía italiana pidió para ellos hasta 21 años de cárcel pero Liñán solicitó su absolución por tratarse de un “delito provocado” por la propia Policía en “etapas cruciales” de su desarrollo.

Liñán defiende a los guatemaltecos Daniel Esteban Ortega Úbeda, alias Tito, y Félix Rubén Villagrán López, ambos encarcelados. Su tercer defendido, cuyo juicio en rebeldía se celebrará más adelante, es José Angel Rivera Zazueta, alias El Flaco, que supuestamente es el lugarteniente de Ismael "El Mayo” Zambada, líder del cártel mexicano tras la detención y extradición a EEUU de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Ofelia Liñán explica a este periódico que solicitó la absolución porque la Policía “interfirió en la voluntad del autor del delito” en diversas etapas “cruciales”: primero cuando los narcotraficantes tenían problemas para encontrar un intermediario en Colombia, luego cuando el laboratorio retrasó su envío y finalmente cuando los aeropuertos del país se paralizaron por una huelga y las Policías italiana y colombiana utilizaron sus contactos en el aeropuerto de Bogotá para facilitar que la droga saliese hacia Italia.

Esta última intervención “fue de tal peso que sin ella el delito se habría quedado en la fase de preparación”, argumentó la abogada.

Liñán, que habló en castellano traducida por un intérprete, invocó ante la juez de la Corte de Catania el artículo 111 de la Constitución italiana sobre el derecho a un proceso con todas las garantías, que “incluye que el fin no justifica los medios”. 

La Fiscalía no apreció ninguna atenuante y consideró que la pena básica para los dos guatemaltecos sería de 21 años de cárcel, si bien admitió una reducción a 14 años (8 por por organización criminal y 6 por tráfico de drogas en notoria importancia).

En la causa existen otros dos acusados que están huidos de la Justicia,  así como “otras personas desconocidas en Italia, España, México y Colombia” y que fueron investigadas en la Operación Halcón contra el cártel de Sinaloa, el mayor grupo narcotraficante de México con ramificaciones en 50 países.

Al parecer, el cártel buscaba nuevas vías para introducir grandes cantidades de cocaína en Europa y eligió los  aeropuertos internacionales de Sicilia aprovechando su creciente tráfico turístico. 

La letrada sevillana, que fue contratada a través de unos abogados mexicanos con los que trabajó en el pasado, también solicitó a la juez siciliana el arresto domiciliario de sus clientes, lo que supone  que podrían vivir en un piso (cuyo contrato de alquiler han aportado) y trabajar dos días a la semana en actividades sociales. Deberán llevar una una pulsera telemática bajo control policial permanente. 

Según su alegato, la actividad de la Policía “no fue meramente pasiva o de observación, sino que, por el contrario, tuvo una  eficacia determinante desde el punto de vista de la comisión de los delitos”. Sin esa “contribución indispensable” de los agentes encubiertos,  el delito “hubiera sido materialmente imposible en su ejecución”.