Fiscales de Menores

Los fiscales vigilarán los centros privados para menores problemáticos

  • Un menor denunció haber estado metido en una jaula

  • Vigilarán el respeto de sus derechos fundamentales

Javier Huete, durante la clausura de las jornadas en el Paraninfo de la Universidad

Javier Huete, durante la clausura de las jornadas en el Paraninfo de la Universidad

Los fiscales de Menores de toda España, reunidos en Sevilla durante dos días, acordaron este martes incrementar los controles sobre los centros privados para menores con trastornos de conducta o con problemas de adicción, donde ingresan por voluntad de sus padres sin estar tutelados por la Administración.

Este fue uno de los temas debatidos en la reunión que durante dos días han mantenido los fiscales coordinadores de Menores de todas las provincias bajo la presidencia de Javier Huete, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo para Menores, y sus adjuntos Francisco García Ingelmo y Juan Pedro Rodríguez del Val.

Huete explica a este periódico que el tema preocupa a la Fiscalía porque han tenido conocimiento de dos casos en Madrid y Andalucía de centros privados que aplican a los internos medidas de contención, aislamiento y otras restrictivas de sus derechos, iniciativas que cuando están en un centro público siempre deben llevarse a cabo previa autorización judicial.

Se trata de un sector que no está regulado y por ello los fiscales se pondrán en contacto con los gobiernos autonómicos para conocer cuántos centros de este tipo existen en su territorio, qué régimen y autorizaciones tienen y qué fórmulas de supervisión se aplican.

Según Huete, puede ocurrir que los padres, desbordados por un hijo problemático, estén haciendo una dejación de sus deberes de custodia.

Los participantes en las jornadas informan de que la primera alarma saltó cuando un chico denunció haber estado metido en una jaula en uno de esos centros. Los fiscales desean que afloren estas instituciones y que estén debidamente inscritas en un registro público. En la actualidad son un híbrido y están en un limbo o “tierra de nadie” pues en ocasiones funcionan como centros educativos, al contrario de lo que sucede con otras instituciones como las residencias de ancianos.

El encuentro acordó también emprender gestiones para que obtengan su pasaporte los menores rumanos residentes en España, tutelados administrativamente y que se encuentran en régimen de acogimiento con familias españoles.

El problema deriva de que las autoridades consulares rumanas están planteando trabas burocráticas para renovarles o expedirles un pasaporte pese a que uno de sus derechos es viajar al extranjero.

Las jornadas debatieron también diferentes medidas para reforzar los derechos fundamentales de los menores a su honor, intimidad, propia imagen y privacidad de sus datos personales incluidos en un Expediente de Reforma.

Por otra parte, expresaron su preocupación por las agresiones a educadores de los centros de reforma o protección, donde no pueden calificarse como delitos de atentado puesto que la ley solo menciona a funcionarios docentes o sanitarios.

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