Una condena de dos años de cárcel para uno de los acusados y una indemnización de 675.000 euros ha puesto fin a la causa judicial de la familia que murió intoxicada por los tapones con fosfina en Alcalá de Guadaíra. Siete años después de que se produjera la muerte en diciembre de 2013 de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra que inhalaron fosfina de unos tapones de plaguicidas, la Fiscalía, las acusaciones y las defensas han llegado a un pacto que ha evitado la celebración del juicio, que recientemente había sido aplazado sine díe en el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de cuatro años de cárcel para los tres acusados, dos trabajadores de la empresa Alansu y el responsable de la chatarrería Reciclados Nivel -a los que se vendió de manera irregular una partida de tapones-, pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo por el que las acusaciones han retirado los cargos contra dos de los acusados, M. T. R., mozo de almacén de la empresa Alansu y P. A. G. C., administrador de Reciclados Nivel, mientras que una tercera acusada, M. R. S. M., empleada de Alansu, ha sido condenada a dos años de cárcel, una pena que en el mismo acto de declarar firme la sentencia ha sido finalmente suspendida, con lo que no tendrá que ingresar en prisión al reunir los requisitos legales.

El acuerdo ha sido posible porque las compañías aseguradoras han alcanzado asimismo un acuerdo con los familiares de los tres fallecidos para indemnizarlos con un total de 675.000 euros, según han explicado a este periódico fuentes del caso.

El acuerdo ha satisfecho las expectativas de todas las partes, como ha destacado el abogado Simón Fernández, del bufete Alférez y Fernández Rebollo, que defiende al mozo de almacén y que ha indicado que el acuerdo es "justo", al haber dejado a su representado "exento de responsabilidad", como mantenían desde un principio, y además se ha indemnizado a los familiares de las tres personas fallecidas.

La Fiscalía reclamaba inicialmente una condena de cuatro años de cárcel para los tres acusados por un delito contra el Medio Ambiente en concurso ideal con tres delitos de homicidio imprudente, por los que reclama esa condena de prisión, así como el pago de indemnizaciones que sumaban los 820.000 euros, de los cuales la mayor cuantía se solicitan para una hija del matrimonio compuesto por Enrique Caño y Concepción Bautista que también resultó intoxicada pero no falleció, y también reclamaba una indemnización  para otros cinco hijos que Enrique Caño tenía de otras relaciones anteriores.

La Fiscalía consideraba en sus conclusiones provisionales, ahora ya modificadas para acusar sólo a uno de los imputados, que los acusados eran conscientes de que los envases de aluminio contaminados eran “residuos peligrosos que debían gestionarse por una empresa autorizada para ello”, y también del “grave riesgo para la salud de las personas que implicaba extraerlos del procedimiento de gestión establecido legalmente”.

Reciclados Nivel, proseguía la acusación pública, carecía de autorización para la gestión de estos residuos, pero en mayo de 2013 llegó a un acuerdo con la encargada de Alansu para la retirada de 880 kilos de botes de aluminio, y a principios de diciembre de 2013 –el fiscal apunta que sería el día 3 o el 4– fue retirada otra partida de 198 kilos de aluminio contaminados, a los que posteriormente les fueron retiradas las etiquetas como los tapones de seguridad de plástico, que fueron vendidos el 13 de diciembre a una empresa de Alcalá autorizada para la gestión de residuos no peligrosos y cuyos responsables “desconocían el origen real de dichos envases”.

En la sede de Reciclados Nivel quedaron dentro de dos sacos tanto parte de las etiquetas como los tapones de seguridad de plástico, los cuales fueron entregados varios días antes del 13 de diciembre a Enrique Caño “considerando que carecía de valor” y dado que esta persona era un cliente habitual que acudía a vender chatarra y otros efectos, y que aceptó los tapones “desconociendo su peligrosidad”.

Enrique Caño llevó los tapones a su domicilio, ubicado en la calle Pesadora de Alcalá, donde los depositó dentro de los sacos en una bañera de uno de los cuartos de baño de la vivienda en la que almacenaba todo tipo de efectos que iba a vender posteriormente, puesto que esa bañera no era utilizada por su esposa, Concepción Bautista, ni por sus dos hijas menores de edad.

En la tarde del 12 de diciembre, como consecuencia de la “humedad ambiental” generada en el cuarto de baño “y/o a causa de alguna manipulación realizada por miembros de la familia sobre dichos tapones en la tarde del 13 de diciembre de 2013 –por ejemplo, su lavado–, se desencadenó una potente reacción química en los restos de fosfuro de aluminio existentes tanto en los tapones como en los sacos, liberando fosfuro de hidrógeno (fosfina)” que inhalaron estas personas durante varias horas y provocó la muerte del matrimonio y de una de las hijas.