Desescalada judicial Coronavirus: critican que Justicia haya entrado en la Fase 2 "por sorpresa" y sin mediciones terminadas

  • Los sindicatos creen que la “incorporación masiva” supone un “grave riesgo para la salud de los funcionarios"

  • La resolución de la Junta “da pie a abusos por parte de los LAJ”

Medidas de aislamiento improvisadas en los primeros días de alerta sanitaria Medidas de aislamiento improvisadas en los primeros días de alerta sanitaria

Medidas de aislamiento improvisadas en los primeros días de alerta sanitaria

Los sindicatos mayoritarios critican duramente la resolución de la Junta que este miércoles supuso la reincorporación al trabajo del 60% de los funcionarios de Justicia porque algunos aspectos no se han negociado y la medición de las distancias de seguridad no se ha terminado en algunas provincias como Almería y Sevilla.

CSIF, sindicato mayoritario en Justicia, advirtió a la Junta de que va a estar “vigilante para comprobar que se están cumpliendo las condiciones de seguridad” y en caso contrario lo denunciará ante la Inspección de Trabajo.

Según el sindicato, la Junta decidió la reincorporación del 60% de las plantillas “sorpresivamente ayer martes a las 4 de la tarde, sin previo aviso y sin los informes preceptivos de medidas de seguridad, ya que estos fueron aportados in extremis a última hora de la tarde”.

Ello pese a que “a día de hoy se siguen haciendo mediciones en algunas provincias como Almería, y en otras se han quedado sin hacer todas como en Sevilla”.

Este aspecto es fundamental para determinar las jornadas de mañana y tarde, recuerda CSIF, que además denuncia que “se establecen los turnos de mañana y tarde por sedes judiciales completas de forma indiscriminada, en lugar de por órganos judiciales, modificando las condiciones de trabajo de la mayor parte de los funcionarios de Justicia”.

El sindicato STAJ centró sus reproches en que la resolución de la consejería de Justicia sobre dotación presencial en la segunda fase de desescalada “incluye aspectos que no fueron negociados, omite cuestiones que fueron planteadas por las organizaciones sindicales en la mesa sectorial y sobre las que no se da respuesta alguna, ni siquiera una mera aclaración”.

También da pie a “abusos por parte de algunos Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que ya están interpretando a su antojo si su órgano debe o no estar sujeto a turno de tarde”.

Según este sindicato, el establecimiento de los órganos con turno de tarde “es competencia exclusiva de la mesa sectorial, porque supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.

UGT, en un comunicado, pidió la convocatoria del Comité Sectorial de Seguridad y Salud de Justicia en Andalucía, porque la entrada de esta nueva fase de desescalada “pone en grave riesgo la salud de los compañeros”.

“Burla de mal gusto a la negociación colectiva”

Además, UGT denuncia que la resolución dictada “incumple lo acordado en la Mesa Sectorial de Justicia de Andalucía, que vinculaba la entrada en vigor de la Fase 2 de la desescalada a la elaboración del informe del Servicio de Prevención sobre las distancias de seguridad en los órganos judiciales y fiscales.

Por ello, la resolución “es una burla de mal gusto a la negociación colectiva, puesto que desprecia lo acordado por los representantes de los trabajadores y supone un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

SPJ-USO pidió la convocatoria urgente del Comité Sectorial de Seguridad y Salud ya que la última resolución de la Junta “está vulnerando y poniendo en peligro la seguridad y salud de los funcionarios de la Administración de Justicia". Las oficinas judiciales y fiscales de Andalucía "aún no están preparadas para la reincorporación masiva del personal sin que ello suponga un grave riesgo para su salud”.

“Nos parece inaceptable que entre en vigor dicha resolución" cuando por parte de la Dirección General de la Oficina Judicial "no se han realizado los estudios correspondientes a la nueva distribución y aforo de las oficinas judiciales”, dice el sindicato, que también califica como “del todo inaceptable que se le dé la potestad a un LAJ para determinar el número de personas que puedan trabajar con las medidas de seguridad correspondientes en los diferentes horarios, cuando los mismos no son técnicos de prevención de riesgos laborales”.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios