La defensa del entrenador de fútbol base acusado de abusar, embaucar e incluso acosar a veinticinco menores en Málaga, con edades comprendidas entre los 11 a 17 años, ha pedido la nulidad de las actuaciones.

Las cuestiones previas han comenzado a las 10:45 y el letrado del procesado, Agustín Martínez Becerra, conocido por ejercer la defensa de cuatro de los cinco miembros de La Manada, ha cuestionado la investigación al considerarla prospectiva y ha solicitado que su cliente no declare en primer lugar, extremo que no ha autorizado el Tribunal.

Las acusaciones particulares y el ministerio público han mostrado su disconformidad con todos los argumentos planteados por Martínez Becerra y han mantenido que la instrucción fue ajustada a derecho.

El procesado, de 45 años, sólo respondió a preguntas de la defensa y se enfrenta a una petición fiscal global de cien años y siete meses de prisión por abusar, embaucar e incluso acosar a veinticinco menores, con edades comprendidas entre los 11 a 17 años, "aprovechando" su influencia sobre los alevines y cadetes que entrenaba.

Además de la pena de prisión, el fiscal pide que se le inhabilite para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de veinticinco años, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso 

El acusado se enfrenta una petición del fiscal global de cien años y siete meses de prisión. El juicio que se está celebrando en  la Audiencia Provincial de Málaga es a puerta cerrada debido a que hay menores implicados.

El  procesado, que siempre se ha declarado inocente, durante la instrucción ha cambiado varias veces de abogado defensor y ahora le representa Agustín Martínez Becerra. El acusado es un histórico entrenador de fútbol base y que ha dirigido diversas categorías de alevines y cadetes de varios clubes en la provincia, entre ellos el Málaga C.F., está acusado de delitos de abuso sexual, exhibicionismo, provocación sexual, corrupción de menores, acoso y embaucamiento sexual a menores.

Acuasación del fiscal

En el relato acusatorio, el fiscal señala que el acusado, en prisión desde diciembre del 2016, prometía a algunos menores, hacerlos capitán, poder jugar más partidos o llevarlos a otros equipos de más categoría si le remitían fotografías de carácter sexual.

También sometió a alguno de ellos a tocamientos, a otros les ofreció llevarlos a prostíbulos, botellas de alcohol, dinero e incluso invitarlos a cenar a una hamburguesería a cambio de fotografías de ellos desnudos.

El entrenador, que estuvo trabajando veinte años con menores en diversos banquillos de la provincia, mantenía conversaciones de índole sexual por redes sociales con los jugadores y les pedía imágenes de sus órganos genitales.

El acusado, que no presenta ninguna alteración, ni perturbación, según el relato acusatorio, les enviaba fotos y vídeos pornográficos, mujeres desnudas e incluso imágenes de su cuerpo desnudo.

Los menores, mantiene la acusación, se sentían incómodos pero "mantenían las conversaciones para no provocar el enfado del procesado" y, a algunos de ellos, los amenazó con que si no accedían a sus pretensiones no jugarían, o no les trataría de forma favorable en el equipo.

Además aprovechó viajes con motivo de los partidos que jugaban para sentarse al lado de alguno de ellos y "guiado por el ánimo lúbrico" les enseñaba vídeos con escenas de pornografía entre adultos para posteriormente agredirle sexualmente.

En un registro del domicilio del acusado, la Policía le intervino, en noviembre del 2016, dos ordenadores y en uno de ellos se encontró conversaciones con los menores de índole sexual.

El fiscal, además de la pena de prisión, solicita que el encausado no pueda acercarse ni comunicar con los menores durante diez años y que cuando cumpla la pena de cárcel, tenga diez años de libertad vigilada, "con la prohibición de acudir a acontecimientos deportivos y culturales con presencia de menores de edad".

Además pide que se le prohíba aproximarse o comunicar con las víctimas o desempeñar actividades que impliquen relación con menores de edad. También se insta a que se le obligue a participar en programas de educación sexual, cada dos años.