Las defensas de los ex altos cargos que figuraban como investigados en la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, que la juez María Núñez ha archivado al no apreciar indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, han valorado la "acertada y precisa motivación" de la resolución dictada por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

El letrado Juan Carlos Alférez, que en su momento solicitó el archivo de esta causa, ha explicado a este periódico que analizando el auto desde una perspectiva exclusivamente jurídica, contiene una "acertada y precisa motivación por la cual el órgano instructor constata algo que se objetivó durante las diligencias, que los iniciales indicios que fundamentaron la investigación se desvanecieron conforme los técnicos-peritos fueron explicando los detalles de tramitación de los expedientes de concesión de las ayudas regladas".

Alférez ha apuntado que "por más mediática que pueda llegar a convertirse una instrucción penal", hay que "aceptar con naturalidad que si los indicios desaparecen, la única solución que el Derecho ofrece es el archivo, de otro modo se estaría colaborando de manera innecesaria al colapso de los órganos de enjuciamiento de por sí ya suficiente colapsados”.

El abogado Juan Carlos Alférez y el ex director de IDEA Jacinto Cañete

En la misma línea se ha pronunciado el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, quien ha comenzado señalando que más allá de que él "deba celebrar un auto que acoge la petición de sobreseimiento respecto de su defendido", estima en todo caso que el mismo debe "valorarse muy favorablemente desde una perspectiva técnico jurídica". "Es muy de agradecer que en una resolución de nada menos que 63 páginas, cosa insólita hoy día, se explicite razonadamente la motivación que lleva a la decisión de archivo, analizándose de manera pormenorizada todos los puntos del debate y, en definitiva, argumentando cumplidamente las bases del sobreseimiento", ha añadido.

Martínez del Hoyo ha añadido que el archivo es "una decisión jurisdiccional que, como casi todo en Derecho, se podrá discutir y compartir o no, pero de cuya plena legitimidad y consistencia no puede caber la menor duda". El letrado ha destacado el "esfuerzo argumental en torno a la necesidad de evitar investigaciones generales y encauzar todos los procesos desde la observancia de los principios informadores y las garantías distintivas del orden jurisdiccional penal".

"Ojalá que esto último, en el contexto presente y futuro de hiper inflación de causas penales que amenaza con bloquear el normal funcionamiento de la Audiencia Provincial de Sevilla, se tenga muy en cuenta por todos los operadores jurídicos que, desde cualquier posición, están llamados a intervenir en ellas, ha concluido Martínez del Hoyo.