La Audiencia de Sevilla ha fijado para junio de 2020 el juicio contra un abogado que se enfrenta a 10 años de cárcel por  presuntamente estafar 180.000 euros a una madre y su hijo, a los que asesoraba en el impuesto de sucesiones tras el fallecimiento de su esposo y padre.

Según las acusaciones, el abogado les convenció para que entregaran el dinero a un “experto” que les daría una rentabilidad del 30% en “operaciones de capital privado con garantía absoluta”.

La Sección Primera de la Audiencia ha fijado la vista oral para el 24 de junio de 2020. El tribunal ha admitido para el juicio todas las pruebas de la Fiscalía y las de la acusación particular excepto un testigo al que considera reiterativo y del que no se justifica su “concreta necesidad”. En lo referente a las propuestas por la defensa del abogado Juan Carlos A.C., se admiten salvo un testigo que el tribunal considera reiterativo.

El fiscal pide para el abogado una condena de tres años y medio de cárcel por un delito de estafa y el mismo tiempo de inhabilitación profesional. Para su cómplice Teodomiro V.S. solicita tres años de prisión.

La acusación particular eleva su petición para el letrado a ocho años de cárcel por estafa, dos por falsedad en documento privado y añade un tercer delito contra la Administración de Justicia en su variante de deslealtad profesional, por el que reclama 43.200 euros de multa y cuatro años de inhabilitación como abogado.

Según las acusaciones, el letrado convenció a la familia para invertir los 180.000 euros que obtuvieron de la liquidación de la herencia en “inversiones de toda confianza”, ya que la persona con la que iban a hacer la operación era “un experto de su absoluta confianza”.

Para ello les presentó en enero de 2012 al segundo acusado, quien “aportaría una serie de inmuebles que pasarían a ser propiedad de los denunciantes en caso de que no se devolviese el principal más los réditos”. En concreto, se atribuyeron dos pisos y dos fincas rústicas pero los documentos aportados “eran completamente falsos o carentes de todo valor”.

La inversión “jamás se recuperó” pese a que a lo largo de cinco años los denunciantes “recibieron continuas promesas de devolución y el abogado les pedía que no interpusieran denuncia “porque se iba a arreglar todo”.

Los afectados entienden que “el engaño se perpetuó” mediante la denuncia criminal planteada por el abogado contra su cómplice en nombre de la viuda, a la que prometió que con este proceso obtendría la devolución de sus cantidades.

El pleito terminó en un juicio en la Sección Primera de la Audiencia donde se llegó a un acuerdo de conformidad “absurdo y absolutamente falto de sentido” ya que Juan Carlos A.C. concedía al acusado “un dilatadísimo plazo para la devolución del dinero, le eximía del pago de las costas, algo realmente insólito” y la pena acordada “resultaba ridícula”, además de “no poner inconveniente alguno a la suspensión inmediata de su ejecución”.

Con esta maniobra, presuntamente, dilataba la devolución del dinero y “blindaba su posición ante quienes eran sus clientes, haciéndoles creer que como acusación particular estaba de su parte e iba a proteger sus intereses”.