La acusación particular pedirá este martes condenas de 6 y 7 años de cárcel para tres personas acusadas de estafar presuntamente a un matrimonio de avanzada edad con una operación de refinanciación de deudas con garantía hipotecaria. Parte de la reclamación son 15.000 euros por el daño moral ya que, como consecuencia de la ansiedad por el miedo a verse desahuciada, la esposa fue hospitalizada al agravarse sus patologías.

El escrito de la acusación particular indica que el matrimonio estaba preocupado por sus deudas y por ello en  febrero de 2013 contactó con los acusados F.J.V.C. y J.J.C.S., quienes a su vez le dirigieron hacia una empresa de promociones y construcciones.

“Bajo la apariencia de credibilidad y solvencia” de la compañía, supuestamente maquinaron un plan para conseguir la transmisión del piso del matrimonio, que celebró un “contrato no querido” consistente en la venta de su vivienda familiar y única por un precio de 25.980 euros.

Se da la circunstancia de que ese precio coincidía con la hipoteca suscrita por el hijo del matrimonio, que “siempre había sido abonada sin problema alguno". El matrimonio realizó el negocio sin contar con la participación del hijo.

La esposa estaba aquejada de gran invalidez y tenía “grandes dificultades para comprender el negocio que pudiera firmar debido a su enfermedad”. Como consecuencia de la “ansiedad al ser informada de la realidad del negocio fraudulento” se agravaron sus dolencias y fue ingresada en un hospital, por lo que su abogado reclama una indemnización adicional de 15.000 euros por el daño moral.

Su marido lo será en otros 5.000 euros por los sufrimientos parecidos y “la angustia de no saber si podrían ser en cualquier momento desahuciados de su vivienda, como les llegaron a decir en determinado momento posterior a la celebración del ilícito penal”.

El tercer acusado que será juzgado en la Sección Séptima de la Audiencia es M.D.C., administrador y apoderado de la empresa implicada. La acusación particular mantiene que “tuvo un ánimo claro de beneficiarse económicamente, obteniendo la transmisión de una vivienda mediante engaño”.

Por ello, pide para él siete años de cárcel por un presunto delito de estafa agravada al tratarse de una vivienda familiar, por el valor de lo defraudado y por “haberse aprovechado de su credibilidad empresarial”.

A la pena de cárcel se une, en el caso de empresario, una multa de 18 meses con cuota diaria de 12 euros, lo que equivale a 6.480 euros. Para su empresa, la acusación solicita multa de 498.271 euros y para los dos colaboradores necesarios, seis años de cárcel.