El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera ha pedido al tribunal que enjuicia las ayudas de 2,9 millones a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) que lo excluya de este proceso para no tener que enfrentarse a "más de 250 años", en alusión a su investigación en más de 50 causas por las denominadas ayudas individuales de los ERE, y todo ello después de que la Audiencia lo exculpara de su participación en los hechos juzgados en el "procedimiento específico" de los ERE.

Daniel Alberto Rivera, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de seis años de cárcel en la causa de Acyco, es el único de los seis ex altos cargos que se sienten en el banquillo de los acusados que no fue enjuiciado y condenado en el denominado "procedimiento específico" de los ERE, y al que en principio no le afecta la exclusión acordada por la Audiencia de Sevilla para ser juzgado en el resto de las ayudas individuales.

Su abogado defensor, José Carlos Palma Pérez, ha planteado como cuestión previa a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que en esta causa contra el ex director de Trabajo debe acordarse su "exclusión" o el "sobreseimiento libre" y lo ha defendido con un argumento distinto al planteado por los otros cinco ex altos cargos.

Así, el letrado ha recordado que, a diferencia de estos cinco ex altos cargos -el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo Javier Gerrero y Juan Márquez y el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar-, la causa contra Daniel Alberto Rivera por el denominado "procedimiento específico" fue sobreseída en la fase intermedia de la "pieza política" que acabó con la condena de 19 ex altos cargos por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El sobreseimiento de Rivera en ese proceso es lo que ha permitido, ha explicado el abogado, "reacusarlo por los mismos hechos" por los que ya fue sobreseída su actuación, por lo que ha alegado que debe aplicársele el principio de cosa juzgada, non bis in ídem, ya que ahora se pretende abrir "una causa sobre los mismos hechos", ha insistido.

La defensa ha recordado que en primer juicio de los ERE la Fiscalía retiró la acusación sobre las ayudas concedidas en el 2010 y la causa de Acyco "se remite a ese año", y ha criticado que la exclusión en el procedimiento específico de Rivera pueda permitir ahora la apertura de "decenas y decenas de causas" contra él, en alusión a las piezas individuales. "Rivera está siendo investigado en más de 50 causas distintas, en las que se ve expuesto a sentencias de más de 250 años" de cárcel, cuando en comparación con Rivera el resto de ex altos cargos han sido condenados en único procedimiento a unas penas de "siete años" de prisión.

Juan Márquez y Serrano Aguilar

En la segunda sesión del juicio también ha intervenido la defensa del ex director de Trabajo Juan Márquez, que ejerce la letrada Inmaculada Torres, quien también ha pedido la exclusión de este procedimiento tras haber sido enjuiciado y condenado en el "procedimiento específico". La letrada, como ya han hecho otros letrados de los ex altos cargos, ha insistido en que hay una "absolución firme" por parte de la Sección Séptima de la Audiencia respecto a su cliente para ser juzgado por el resto de las ayudas, ya que "no se le puede juzgar varias veces por los mismos hechos" y Márquez "ya ha sido condenado por todas la ayudas" que se concedieron de la partida 31L.

Para la letrada, la única forma de resolver este "entuerto jurídico", "galimatías procesal" y "surrealismo judicial" -como ha definido la situación planteada- de esta macrocausa consiste en la aplicación del principio de "cosa juzgada", ya que "se producirían efectos perversos si fuera juzgado varias veces por los mismos hechos".

La misma exclusión ha sido planteada por el abogado Miguel Delgado Durán, que defiende al ex director del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, quien ha recordado que desde el 10 de noviembre de 2017, hace "dos años y diez meses", este ex alto cargo está excluido por una resolución "firme, ejecutiva y de obligado cumplimiento por todos" de la Audiencia de Sevilla, por lo que "lo único que hay que hacer es acatarlo y cumplirlo".

El letrado ha añadido que la propia Fiscalía Anticorrupción cambió de postura y "con la boca pequeña reconoció que no podían ser enjuiciados" los ex altos cargos juzgados en el "procedimiento específico", por lo que ha pedido al tribunal que "haga justicia material porque hace 34 meses" que Serrano Aguilar fue excluido de este juicio.

Miguel Delgado ha planteado una segunda cuestión previa, "a petición de su cliente y casi en contra de su voluntad", según ha dicho, para que se considere que en todo caso los hechos enjuiciados estarían "prescritos", puesto que el 8 de julio se firmó una adenda al convenio suscrito por su predecesor en IDEA por 243.000 euros y él fue llamado como investigado en esta causa el 26 de abril de 2016, por lo que habían transcurrido más de 12 años, y en este caso la prescripción de los delitos de prevaricación y malversación sería de diez años.

Por último, la responsable civil subsidiaria Dcoop -que en su día absorbió a Acyco- ha planteado que "no es la jurisdicción penal la que tiene que pronunciarse sobre la responsabilidad civil" cuando la Junta de Andalucía ha planteado la reclamación de las cantidades ante el Tribunal de Cuentas.

El juicio se reanudará el próximo lunes cuando la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares responderán a las cuestiones previas planteadas por las defensas, que van desde la suspensión de este juicio mientras no haya una sentencia firme en la "pieza política" de los ERE hasta la exclusión de los seis ex altos cargos enjuiciados en la pieza de Acyco.