Fraude a la Seguridad Social

Los autores de un fraude masivo en desempleo aceptan condenas de cárcel

  • Algunos consiguieron prestaciones de hasta 10.224 euros

  • El juicio continúa contra el falso empresario que les dio de alta

El juicio se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia El juicio se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia

El juicio se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia

Una veintena de acusados en un fraude masivo en prestaciones de paro e incapacidad aceptaron este martes diferentes condenas de cárcel y multa, que oscilaron entre los cuatro meses de prisión para quienes han devuelto lo que cobraron indebidamente y los seis meses de quienes aún no han pagado nada.

Se trata de un fraude en el que están implicadas 109 personas que fueron dadas de alta entre 2011 y 2013 sin realizar ningún trabajo efectivo ni cobrar salarios, pero que les sirvió para obtener prestaciones de paro, ayuda familiar e incapacidad. Algunos de ellos llegaron a ver reconocidas prestaciones de hasta 8.946 y 10.224 euros.

En la primera jornada del juicio, los beneficiaros fueron pasando uno a uno ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia y reconocieron su implicación en el fraude. El acuerdo fue posible porque el fiscal rebajó su petición inicial de dos años de cárcel para cada uno. 

La condena para los que han devuelto las prestaciones será de cuatro meses de cárcel y multa de 540 euros, y para quienes aún no lo han hecho será de seis meses de prisión y multa de 1.080 euros.

En la causa existen otros seis acusados: el empresario Jesús V.F., titular de las dos empresas inmobiliarias de Sevilla utilizadas en la estafa, y los colaboradores que le llevaban “beneficiarios con pleno conocimiento del fraude urdido”, uno de ellos su hermano Ángel. La petición del fiscal para ellos oscila entre los seis años de cárcel y los dos años y ocho meses.

El falso empresario inscribió 109 altas en la Seguridad Social, aunque solo han llegado a juicio las 26 personas que obtuvieron percepciones después del 17 de enero de 2013, fecha de entrada en vigor de la reforma del Código Penal que sanciona también a los perceptores indebidos.

El principal acusado generaba documentos simulados de contratos de trabajo y de nóminas, en algunos casos de hasta ocho meses de duración.

Los trabajadores, por su parte, tenían “pleno conocimiento del carácter simulado de su relación laboral” y obtuvieron diferentes prestaciones de paro, enfermedad y ayuda familiar, según les acusa la Fiscalía.

El empresario cobraba a los beneficiarios cantidades que oscilaban entre los 100 y los 150 euros al mes a cambio de las altas simuladas, con pagos sucesivos cada mes que continuase el alta, aunque en el caso de amigos o familiares no les cobraba nada.

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