El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado procesar a dos personas, un empresario y su sobrino, que están siendo investigadas en una pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa a la presunta creación de un "entramado societario" para la obtención "fraudulenta" de subvenciones públicas.

En un auto notificado este viernes a las partes personadas, el magistrado toma esta decisión al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de fraude de subvenciones y/o estafa y falsedad documental y da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que en un plazo de veinte días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El instructor pone de manifiesto que los posibles delitos cometidos por "los responsables de la Administración autonómica" que supuestamente participaron en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de estas subvenciones, destinadas a formación para el empleo por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "se enmarcarían en el contexto fáctico y jurídico" objeto de otra causa también investigada en el mismo juzgado.

El objeto de esta pieza separada es "la mecánica defraudatoria" que supuestamente desarrolló el investigado José María P.G. "con la colaboración" de su sobrino Luis Manuel P.B. con vistas a "la obtención, ejecución y justificación de subvenciones para la formación profesional para el empleo -con compromiso de contratación-, otorgadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

En el auto, facilitado por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez relata que José María P.G. constituyó el 15 de octubre de 2001 en Carmona (Sevilla) la Asociación para la Formación y el Fomento de la Agroganadería Andaluza (Affoaan). Sin embargo, esta asociación "habría de carecer de un real sustento y fin asociativo y de un sustrato de asociados que respondieran a intereses comunes". Por el contrario, su auténtica finalidad "era simular una entidad sin ánimo de lucro que facilitara la obtención de subvenciones" para la formación.

Los otros asociados y fundadores fueron su sobrino, su hermano y otra persona. Es más, "con la misma pretensión y finalidad" se creó la mercantil AGRI-RES-2 S.L., cuyo administrador mancomunado era José María P.G. también junto con su sobrino. El "entramado societario" se completó con la entidad Korays Dos Consultores S.L., de la que era administrador único el propio José María P.G.

El magistrado analiza cómo se articuló la supuesta actuación "fraudulenta" de los investigados y empieza explicando que, por un lado, presuntamente idearon y ejecutaron un sistema para incumplir el correspondiente compromiso de contratación derivado de la obtención de las subvenciones", a pesar de ser "un elemento clave en este tipo de ayudas". Y, por otro, realizaron "una doble facturación con los docentes" que impartían la formación.

Los docentes debían devolver a los investigados una parte de lo que cobraban

En este sentido, el profesorado "siempre era subcontratado externo", ya que el investigado "nunca dispuso de medios propios". Además, cada docente "facturaba por los servicios prestados pero después debía devolver una cantidad en metálico al entramado investigado". En ocasiones, alguno de los investigados incluso acompañaba al profesor a la sucursal bancaria "para que allí mismo les hiciera el concorde reintegro de sus emolumentos".

Ese sistema "provocaría a su vez un encarecimiento del coste de la formación". De hecho, una "característica común y general de los expedientes de subvención" investigados era "lo elevado de los importes percibidos" por los docentes, "teniendo en cuenta que la formación es de carácter básico y se dirige a desempleados con baja cualificación". Es decir, que se les pagaba "por encima de los precios habituales del mercado".

Y hay más. Según el juez, "el entramado desviaría cantidades de estas subvenciones para el pago de injustificados servicios y facturas ajenas a los fines subvencionables", lo que supone un "incumplimiento" de la normativa reguladora de este tipo de subvenciones, ya sea la normativa aplicable a la formación profesional para el empleo como la específica de la formación profesional ocupacional.

"Continuo favorecimiento"

El juez destaca el "continuo favorecimiento" de la Administración con estas empresas y contrapone el hecho de que ninguna de ellas "han conseguido su objetivo en ningún caso", ya que "no se ha proporcionado ni un solo empleo estable y de calidad". "Sólo se habrían conseguido algunos empleos precarios mediante contratos que incumplirían la normativa de aplicación", añade el instructor.

Además, "en la ejecución de las subvenciones se habrían incumplido los requisitos y condiciones fundamentales exigidos, de modo que las certificaciones de cumplimiento emitidas por el órgano gestor de aquéllas (SAE) no se ajustarían a la realidad".

"La mecánica defraudatoria desarrollada por los investigados no se habría limitado a la falta de realización de la actividad subvencionada, la indebida imputación de gastos o a su ilícita justificación, sino también al incumplimiento de los presupuestos básicos y condiciones reguladoras de la subvención, vinculadas en particular con el correspondiente compromiso de contratación", concluye el juez.