Cuartel de Utrera

Piden dos años y medio al guardia civil acusado de romper la costilla a un compañero

  • Le acusan de darle un golpe en el pecho tras reprocharle su desinterés por el trabajo

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Cuartel de la Guardia Civil de Utrera

Un miembro de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Utrera se enfrenta a dos años y medio de cárcel por presuntamente agredir a un compañero. El incidente ocurrió durante una discusión sobre quién tenía más autoridad y después de que el acusado reprochase a otro agente de la Policía Judicial su falta de iniciativa en el trabajo.

El juicio se celebrará en los próximos meses en un juzgado penal de Sevilla, donde la Fiscalía solo solicitará una multa de seis meses para el presunto agresor, al no apreciar lesiones psíquicas. La acusación particular, sin embargo, reclamará dos años y medio de cárcel y una indemnización de 30.000 euros ya que, como consecuencia de las tensiones derivadas del incidente, el agente agredido  sufrió estrés postraumático y ha sido apartado del servicio de forma definitiva.

La defensa del acusado, por su parte, niega las lesiones y limita los hechos a una discusión entre compañeros, ya que no hay testigos directos de la agresión. Destaca que, como consecuencia de esta denuncia, el agente lleva cuatro años imputado sin poder ascender ni acogerse a otros beneficios.  

Según el escrito de la acusación particular, al que ha tenido acceso este periódico, el acusado I. G. C. llegó a las 9.30 horas del 28 de Mayo de 2013 a su puesto de trabajo en el cuartel principal de la Guardia Civil en la avenida de Los Palacios.

Entonces, delante de otros compañeros, realizó una llamada al cabo primero, que se encontraba fuera de servicio, para transmitirle una serie de novedades sobre un episodio de robo con violencia que estaban investigando, tras lo cual recibió instrucciones de su superior.

Antonio Y. G. le hizo saber “que no resultaba correcta su actuación dado que a falta de otros miembros de la Unidad, la persona de mayor rango resultaba ser él por su antigüedad, por lo que cualquiera de esas actuaciones deberían serle consultadas”.

Tras esto se inició una discusión en la que I. G.C. reprochó a Antonio su falta de iniciativa y su despreocupación por el servicio, utilizando “un elevado tono de voz y actitud despreciativa”. La discusión derivó a los libros de registro de diligencias y el número de servicios hechos por cada uno.

Fue entonces cuando “sin previo aviso, y de forma sorpresiva I. G. C. le propina un fuerte golpe en el pecho, dejándolo caer de espalda al suelo, golpeándose la espalda y la nuca”, y en tal situación, con el agredido en el suelo, se abalanzó sobre él y le agarró por el cuello, comenzando a gritarle “te voy a matar, te voy a matar”, según la acusación particular.

El perjudicado “llegó a temer por su integridad, dado que le costaba respirar, consiguiendo empujar al agresor y zafarse de él”.

Atendido en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, le diagnosticaron erosiones múltiples y fractura de costilla de las que tardó en curar 60 días, indica en su escrito.

Posteriormente se dirigió al Tribunal Militar e interpuso una denuncia al considerar que se debía tramitar por esa jurisdicción al tratarse de un hecho acaecido en horas y lugar de servicio y dirigido hacia quien era un superior en ese momento.

La acusación particular añade a las lesiones otras de carácter psíquico ya que tras este episodio “y derivado exclusivamente del mismo” el agente “ha tenido que ser tratado de un padecimiento de carácter psicológico y psiquiátrico por distintos especialistas” que dan cuenta de “un trastorno relacionado con su servicio, con problemas de relación con terceros y con una merma importante en su estima, lo que han llevado a que se le conceda la baja definitiva del servicio por Incapacidad” y a la necesidad de recibir tratamiento farmacológico continuado. 

Previamente este agente “no presentaba ningún antecedente” psiquiátrico, por lo que la acusación considera probada la “relación causa-efecto” entre el acometimiento, las presiones posteriores y la dolencia psicológica.

Por ello, en la petición incluyen tres años de alejamiento del denunciante y el pago de 30.000 euros de indemnización

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