La Rinconada

Nueva jornada de desmemoria sobre la ocupación de La Jarilla

  • Uno a uno, los 50 testigos dicen que no reconocieron a nadie del piquete

Diego Cañamero durante la primera jornada del juicio Diego Cañamero durante la primera jornada del juicio

Diego Cañamero durante la primera jornada del juicio

El juzgado penal 4 de Sevilla escuchó este viernes una nueva sucesión de  testigos por la ocupación de la finca La Jarilla. Fueron una veintena de jornaleros que en su día denunciaron al piquete del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que les impidió entrar a trabajar y que ahora declararon no conocer a ninguno de ellos.

“Había mucha gente”, “eran de otro pueblo”, “no vi a nadie romper candados”, “al final sí que nos dejaron entrar”, fue la tónica de las declaraciones.

Muchos incluso declararon que no recuerdan haber firmado la denuncia y solamente uno de ellos, Manuel C.G., manifestó a la juez que reconoció a Diego Cañamero, entonces portavoz del SAT, porque “era el más conocido”. Cañamero es el único de los 35 acusados que ahora no se sienta en el banquillo de los acusados porque en su día el Tribunal Supremo le exculpó al no poder individualizar su conducta.

Los 34 sindicalistas del SAT se enfrentan a un año y 11 meses de cárcel por presuntos delitos de coacciones y daños cuando integraban un piquete informativo que, en noviembre de 2008, intentó impedir el trabajo en la finca La Jarilla de La Rinconada.

En la jornada de este viernes declaró el guardia civil que identificó a 27 miembros del piquete mediante su DNI, pero lo hizo el último día de los tres que duró la protesta y cuando los sindicalistas ya estaban dentro de la finca.

El juicio continuará la próxima semana con el último testigo, el capataz F.V.M., que al parecer sí que identificó al piquete pero no declaró durante la fase de instrucción. Este testigo se encuentra enfermo y aplazar su declaración retrasaría aún más una vista que se está celebrando once años después de que sucedieran los hechos.

Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, los procesados actuaron "en grupo y conjuntamente, con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca para que iniciaran o continuaran una huelga".

Una vez en el lugar, insultaron a los trabajadores y a los empresarios, llamándoles "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta" y similares. Según el fiscal, causaron diversos destrozos como partir candados, inutilizar cerraduras o desinflar la ruedas de un tractor, dañaron utensilios como un atomizador, unos testigos de humedad y unos tensiómetros, cortaron las tuberías de los sistemas de riego y rompieron latas anti heladas.

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