Responsables de la fiscalía de Sevilla, de los cuerpos de seguridad del Estado y de ONGs han informado hoy sobre la evolución de la prostitución con motivo de la celebración este miércoles del día internacional contra la explotación sexual. Entre sus conclusiones, que las mujeres “no tienen una percepción real de su situación de víctimas” y que la prostitución, ante la presión policial, se refugia en “pisos particulares, garajes, cuevas, remolques, caravanas o polígonos industriales“.

El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, ha dicho en rueda de prensa que la trata de personas es “el tercer negocio más rentable a nivel internacional, después del tráfico de armas y de drogas”.  Según los conocedores del problema, mueve 35.000 millones de dólares al año y unos 9 millones de personas son víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, recordó el fiscal jefe.

La presión policial y las sanciones administrativas han desplazado la prostitución desde los clubes de alterne a lugares como los domicilios particulares, donde la investigación es más difícil porque hay que hacerlo con medidas restrictivas de derechos fundamentales, según la fiscal coordinadora de delitos contra la trata en Sevilla, Natividad Plasencia. “Existe un espacio de impunidad en los pisos y los traficantes, que buscan un resquicio para seguir desarrollando su actividad, lo saben", según la fiscal.

También Emilio Mateos, comisario jefe provincial de Sevilla, lamentó que en esos pisos particulares “existe un vacío legal, hay muchas quejas de vecinos pero no se puede hacer más". En la provincia de Sevilla, según los datos de los responsables policiales, se ha pasado de 38 clubes de alterne en 2015 a 18 en la actualidad.

Durante el confinamiento por coronavirus la mayoría de esos locales estuvieron cerrados y se redujo el tráfico de personas, pero ahora todos han vuelto a la actividad. Luis Ortega, jefe de la comisaría de la Guardia Civil de Sevilla, ofreció algunos datos: en 2019 llevaron a cabo en la provincia de Sevilla 15 inspecciones por trata con fines de explotación sexual e identificaron a 68 posibles víctimas. En cuanto a la explotación laboral, la Guardia Civil llevó a cabo 15 inspecciones e identificó a 81 víctimas.

La Policía Nacional, por su parte, inspeccionó en 2019 un total de 31 clubes de alterne, identificó a 374 mujeres que ejercía la prostitución, liberó a 72 de ellas y siete redes quedaron desarticuladas.

El problema, según la Guardia Civil, es que los traficantes “se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas”. Por ejemplo en Moldavia -17 trabajadores de ese país fueron liberados en una operación reciente en Sevilla- un empleado cobra 30 euros al mes y aquí les ofrecen 10 euros al día. Por ello estas personas “no tienen una percepción real de su situación de víctimas“.

Según Natividad Plasencia, la trata es “la nueva esclavitud del siglo XXI, sus efectos son asimilables a una situación de tortura y la víctima no comprende que nadie le está haciendo un favor por haberle prometido un trabajo digno en España. Muchas veces la víctima piensa que lo está haciendo libremente”.