Dirigentes de Comisiones Obreras, entre ellos su ex secretario general Julio Ruiz, comparecieron este martes como investigados ante el juez que instruye una denuncia de la Fiscalía contra CCOO y UGT por no reintegrar a la Junta de Andalucía 6,7 millones de la gestión de las residencias Tiempo Libre. Al igual que responsables de UGT, argumentaron que la Junta aún les debe dinero por la gestión que los sindicatos hacían de esas residencias de vacaciones.

El ex secretario general Francisco Carbonero (2004-2017) no pudo comparecer ante el juez de instrucción 9 de Sevilla por estar aislado por coronavirus, pero su antecesor Julio Ruiz (1992-2004) declaró que dejó el cargo a mediados de 2004 y todo su periodo de gestión estaba ya liquidado o en fase de comprobación.

La Fiscalía, tras recibir una denuncia de los actuales responsables de la Junta, llevó al juzgado por presunta malversación a responsables de CCOO, de UGT (el ex secretario general Manuel Pastrana y el ex secretario de Administración Federico Fresneda) y a tres ex directores generales de Trabajo de la Junta (Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera) por las cantidades dejadas de ingresar entre 2003 y 2006.

Fuentes del caso explican a este periódico que, al igual que Julio Ruiz, la ex secretaria de Construcción y Servicios de CCOO-A, Juana Mancilla (2000-2004), declaró al juez que todo su periodo quedó liquidado.

Su sucesora en el cargo, María Isabel Hernández (2004-2008), explicó que a partir de 2006 hubo un cambio en la gestión de las reservas y, en lugar de que los usuarios pagasen indistintamente a los sindicatos o a la Junta de Andalucía, fue la Administración quien recaudaba todos los importes.

Pero la Junta dejó de abonar a los sindicatos lo que les correspondía por su gestión y esa liquidación ha estado pendiente desde entonces, según la responsable sindical, que no cuantificó el total de lo adeudado por la Administración.

Comisiones Obreras entiende que la deuda  entre 2004 y 2006 “no está conciliada y lo primero que habría que hacer es ponerse de acuerdo en las cantidades reales”, algo que la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitida en 2017 no entró a valorar ya que declaró “más que prescrita” la reclamación de la Junta.

El sindicato afirma que sus auditores “han estado año tras año pidiendo esos datos a la Junta para cerrar sus cuentas de resultados” pero entre 2004 y la denuncia en Fiscalía no respondía o afirmaba no reclamar nada.