El juicio contra Manoel Silva Rodrigues, el sargento brasileño que fue detenido en el aeropuerto de Sevilla con  37 kilos de cocaína, corre el riesgo de aplazarse este próximo lunes porque aún no ha llegado al tribunal un contraanálisis de la droga solicitado por su defensa.

Este segundo análisis fue solicitado en el escrito de defensa, admitido por el tribunal y se uniría a los dos que ya existen en la causa: el primero de la Guardia Civil y el segundo del Laboratorio de Sanidad de la Delegación del Gobierno, que determinó que el alijo tenía un peso de 37 kilos, una pureza base de cocaína del 80,14 % y un precio en el mercado de 1,4 millones de euros.

Manoel Silva llegó a Sevilla en un avión de la comitiva del presidente de su país, Jair Bolsonaro, que hizo escala en Sevilla el 25 de junio de 2019 de camino hacia una cumbre del G-20 en Japón. El fiscal pide para él ocho años de cárcel y una multa de 4 millones de euros en el juicio que celebrará la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

El juicio debe convocarse y el acusado debe comparecer ante el tribunal. Fuentes del caso informan a este periódico de que el sargento está dispuesto a reconocer el delito y conformarse con la pena, pero desea que se rebaje a menos de seis años de cárcel y la Fiscalía no puede hacerlo porque la horquilla para este delito es de seis a nueve años de prisión.

En un control aduanero en el aeropuerto de San Pablo, la Guardia Civil le intervino una maleta con 37 bloques rectangulares de una sustancia que, debidamente analizada, resultó ser cocaína. Para el juicio están citados como testigos los guardias civiles que le detuvieron y un perito que analizó la droga.

El inculpado es lo que en el argot policial se denomina un “mulero” que transporta la droga para terceras personas a las que no conoce. En todas sus declaraciones judiciales se acogió a su derecho a no declarar.

La Fiscalía aplica al inculpado la agravante de ser una droga que causa grave daño a la salud y la notoria importancia del alijo.

Silva Rodrigues permanece en la cárcel de Sevilla desde su detención y solo ha salido para actos puntuales como su declaración en octubre de 2019 ante una comisión judicial del Ejército brasileño. Entonces también se acogió a su derecho a no declarar excepto para asegurar que su esposa y un compañero de trabajo no tuvieron ninguna participación en sus actividades.