El juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo, ha convocado el próximo 13 de marzo a todas las partes para notificarles la sentencia por el presunto amaño de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla, un juicio que quedó visto para sentencia el pasado 20 de diciembre de 2018 tras casi cuarenta sesiones en las que declararon los 45 acusados del caso, así como decenas de testigos y peritos.

El magistrado ha convocado ese día, a las 12:00 horas, a los acusados, a sus representaciones procesales, así como a las acusaciones particulares y al Ministerio Fiscal para notificarles la sentencia, para lo cual el juzgado ha requerido ya a las partes para que entreguen un pen drive para poder grabar la resolución ante el "elevado número" de folios de que consta la misma.

Entre los acusados hay 37 policías locales sospechosos de tener acceso a los exámenes antes de las pruebas. El resto son los miembros del tribunal, cuyo presidente era el superintendente de la Policía Local Juan José García, y en el que había otros agentes veteranos y componentes del sindicato mayoritario, el Sppme. También hay dos funcionarios investigados, así como el delegado de la empresa que surte de material a la Policía Local, cuyo hijo accedió al cuerpo en las oposiciones.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos para el superintendente de la Policía Local Juan José García por el fraude de las oposiciones, en el que están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. La Fiscalía reclama para estos agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes el pago de una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.

El Ministerio Público pide además que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados, dado que las resoluciones dictadas por el tribunal dimanan de delitos de prevaricación y de delito de descubrimiento y revelación de secretos, y reclama asimismo que de las “consecuencias económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad responderán todos ellos conjunta y solidariamente, junto con el Ayuntamiento de Sevilla”, que según la Fiscalía debe ser declarado responsable civil subsidiario.

El Ministerio Público solicita la misma pena de multa de 5.400 euros y de 13 años de inhabilitación para otros miembros del tribunal y un funcionario del Ayuntamiento –que no intervino en la filtración de la plantilla pero “tuvo suficientes elementos para sospecharla, pero no formuló objeción alguna”- que han sido procesados.

La Fiscalía explica en su escrito de acusación, que elevó a definitivo en el juicio, que entre las personas que aprobaron se encontraban el hermano de la “compañera sentimental” del superintendente y un sobrino suyo, pese a lo cual la Fiscalía considera que “no se abstuvo de participar” en el proceso de las oposiciones, en el que actuó como presidente del tribunal calificador. Según la Fiscalía, la misma causa de abstención concurría en un vocal suplente, que es miembro de la junta de personal del ayuntamiento de Sevilla y había compartido “muchos años” de labores sindicales con el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), cuyo hijo figuraba entre los opositores.

Para este sindicalista procesado, la Fiscalía reclama además dos años de prisión por un delito de cohecho, después de que en febrero de 2014 fuese invitado al Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) por el empresario que suministraba el vestuario de la Policía Local de Sevilla entre 2007 y 2013, y cuyo hijo también fue uno de los aspirantes beneficiarios de la filtración. La misma pena de dos años de cárcel se solicita para el empresario que suministraba la ropa a los policías locales.

Dice la Fiscalía que Juan José García y varios miembros del tribunal, incluido el vocal suplente, “filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico” a 19 aspirantes al cuerpo de la Policía Local para un proceso de 47 plazas convocado en abril de 2011 y otro de 51 plazas que había sido convocado en 2008.

Las bases de la convocatoria ordenaban “taxativamente” a los miembros del tribunal elaborar el caso práctico y la plantilla de corrección “el mismo día del examen” y de forma inmediata a éste, pero según la Fiscalía los acusados “con desprecio absoluto de esta norma, elaboraron el caso práctico y la plantilla de corrección días antes del examen y filtraron de modo selectivo e intencionado la plantilla de corrección a los aspirantes que tenían intención de favorecer”.

Con posterioridad a la elaboración de la plantilla de corrección y del “filtrado selectivo” a determinados aspirantes, uno de los acusados elaboró una “ampliación o complemento a dicha plantilla, al entender que era preciso complementar algunas de las respuestas en la primera confeccionadas”. La plantilla de corrección inicial filtrada contenía “varias erratas”, entre las cuales destacaba una que decía el DNI era un documento “necesario para conducir”, pero los aspirantes beneficiados con la filtración “copiaron todas estas erratas y algunas otras peculiaridades que contenía la plantilla complementaria elaborada” por el otro implicado.

Garantizar la "opacidad absoluta"

Según el Ministerio Público, para “garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta cerrada”.

Con respecto a las oposiciones de 56 plazas, la Fiscalía señala que a la misma concurrían determinados aspirantes a los que, “por razones de vínculos de amistad, o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y de aprobar [por parte del superintendente y otro acusado], con independencia de sus méritos y aun cuando dicha resolución fuera injusta”.

El Ministerio Público explica que el papel en este caso de dos funcionarios del Ayuntamiento procesados consistía en “hacer la vista gorda a las irregularidades que cometieran y consentir no sólo con su silencio pasivo las mismas, sino incluso colaborar con ellas de modo activo, facilitando a los acusados, con anticipación suficiente, las preguntas y respuestas que ambos iban a formular en el cuestionario tipo test”.

En el tercer ejercicio de la convocatoria, que era el único en el que podían favorecer a los opositores seleccionados, los acusados “idearon una filtración selectiva dirigida únicamente a aquellos opositores aspirantes a los que tenían intención de favorecer, filtración selectiva ésta no sólo de la plantilla de corrección del cuestionario tipo test, sino también y especialmente de la plantilla de corrección del caso práctico, de tal modo que los así favorecidos pudieran disponer, con antelación suficiente a los exámenes para memorizarlos en su integridad, de ambos contenidos”. Revelaron 80 respuestas del cuestionario a 16 opositores, pero como no tuvieron las 20 preguntas restantes el día del examen “la mayoría de ellos ni siquiera contestaron a las mismas o, en los casos en que lo hicieron, fallaron estrepitosa y mayoritariamente en este específico bloque de respuestas”.

La Fiscalía concluye en su escrito que el beneficio económico obtenido por los 32 acusados que se beneficiaron de las filtraciones en las dos convocatorias de oposiciones resulta de la “obtención de plaza con manifiesta injusticia y la percepción de salarios desde su toma de posesión hasta la fecha”, lo que asciende a cantidades que oscilan entre los 68.000 y 79.000 euros.

Para los otros cinco opositores que no obtuvieron plaza, la Fiscalía señala que el beneficio no fue económico sino de otro tipo, “consistente en el aprovechamiento de las ventajas materiales que supone acceder a información privilegiada frente al resto de aspirantes que no accedieron a ella, poniendo con ello en peligro el bien jurídico protegido”.