Los jueces españoles terminaron de abril a junio de 2019 un total de 15 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral contra 92 personas. El 83 % de ellas fueron condenatorias en su totalidad o parcialmente, según han informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos datos, que se recogen desde inicios de 2017, corresponde a la denominada corrupción pública, "entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía", subraya el CGPJ.

Según los datos publicados entre los pasados 1 de abril y el 30 de junio, los juzgados y tribunales dictaron 30 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 25 fueron total o parcialmente condenatorias, es decir el 83 por ciento del total.

Concluyeron 15 procedimientos por corrupción

Asimismo,  se destaca que los jueces españoles concluyeron en el segundo trimestre de 2019 un total de 15 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 92 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Los juzgados de Murcia fueron los que más personas acusaron, 56 en dos procedimientos, así como a 28 personas jurídicas; seguidos de los valencianos que se dirigieron contra 21 personas en tres procedimientos, en los que se encuentran seis personas jurídicas. En los juzgados de Andalucía se procesaron o se sentaron en el banquillo a seis personas, en el marco de tres procedimientos por corrupción.

Por otro lado, en Cataluña también se han registrado tres acusados en dos causas; mientras que en Asturias se encuentran dos procedimientos con una persona acusada en cada uno de ellos y en Galicia, la mismas personas en el banquillo en un único procedimiento. Por último, en Castilla y León solo hay un acusado en un proceso judicial, al igual que ocurre en la Audiencia Nacional.

En el resto de comunidades autónomas y en el Tribunal Supremo no se han registrado ninguna apertura de juicio oral o procesamiento por corrupción.

Corrupción administrativa y política

Para la recogida de estos datos  se tienen en cuentan los fenómenos recogidos en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística o administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.