Más allá de la pelea política, la lógica indignación de las víctimas, las no tan lógicas críticas furibundas a los jueces y, por qué no, los titulares, centrados en quién sale de la cárcel o quién se libra de equis años de prisión, el día a día en los tribunales deja una conclusión irrefutable: los reos que se benefician de las lagunas de la ley del ‘sí es sí’ son la inmensa... minoría. Decenas y decenas de casos, hasta más allá del centenar, ya han sido analizados o lo están siendo por las cuatro Secciones penales que conviven en la Audiencia de Sevilla y hasta ahora apenas son tres los delincuentes que han visto reducidas sus condenas. Y esta es la regla. En Andalucía ha habido centenares de revisiones y las rebajas rondan las 70. La cuestión básica no es cuantitativa, por supuesto, y ya resulta triste que un solo delincuente sexual pase menos tiempo encerrado de lo que le marcó la condena inicial, pero también existe la impresión de que los violadores campan a sus anchas con el beneplácito de la magistratura y eso, obviamente, no es así.

El último ejemplo de lo que realmente es la excepción, esto es, que el castigo sea más suave con la nueva ley sí o sí, resulta significativo porque es el único fallo de los treinta que ha revisado la Sección Tercera en que da la razón al recluso. En concreto se trata de un abusador reincidente que intentó violar a un niño de doce años, amigo de su propia hija, y que logró casi un año y medio menos de reclusión. La Sala le impuso nueve años de cárcel, el Supremo los bajó a ocho al estimar una circunstancia atenuante de anomalía psíquica y, de vuelta a la Audiencia, el mismo tribunal que lo juzgó acaba de admitir una pena definitiva de seis años, ocho meses y tres días.

La razón, como en todos los casos en que hay rebaja, estriba en el nuevo arco punitivo recogido en el artículo 181 del Código Penal, que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual y reduce las penas mínimas por la violación (antes eran seis años y ahora, cuatro); y en el artículo 2.2, que establece el principio de retroactividad de la norma más favorable. Es decir, que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”. “En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo”, añade. Así ocurrió con la Tercera.

Los otros dos reclusos que deben dar las gracias a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual se corresponden con casos tratados por la Sección Cuarta, que no cuantifica el total de las sentencias en revisión pero asegura que son “muchas”. Este par de excepciones sí han acabado con sendas excarcelaciones. La última, la de un hombre condenado en 2013 a nueve años por agredir sexualmente a su ex en un pueblo de la Sierra Norte. Tras el ‘sí es sí’, la Audiencia rebajó la pena por la violación a siete años, así que en vez de salir en libertad en 2024 lo hizo el pasado enero y se libró de un año y medio. En el otro caso, el agraciado fue un hombre condenado en 2019 a cinco años por violar a una mujer a la que había entrevistado para que cuidase a una anciana.

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) complica la recopilación de datos en las otras dos secciones, la Primera y la Séptima, pero fuentes judiciales coinciden en que las revisiones son el pan suyo de cada día y todavía no ha trascendido que alguna acabe con una rebaja de pena. En total, los casos en poder de las cuatro Secciones penales pueden rondar perfectamente el centenar y la cifra aumenta de forma constante cada día que pasa, bien porque los jueces revisan sentencias de delitos sexuales de oficio, es decir, por su propia iniciativa, o bien porque los abogados de los condenados los requieren a que lo hagan. Y ese tipo de infracciones, junto con los delitos contra la salud pública (es decir, el tráfico de drogas), son de los más numerosos de los que llegan al Palacio de Justicia.