Juicio de los ERES

Cuando la “bomba” de los intrusos desató el caso de los ERE

  • El total de “intrusos" detectados en las investigaciones reservadas de la Dirección General de Trabajo  fue de 77, otros 111 casos tenían irregularidades y unos 5.700 “se consideraron perceptores legítimos y lo siguieron percibiendo”.

  • El ex viceconsejero Justo Mañas calificó el estallido de Mercasevilla como una "bomba"

El ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas durante su declaración El ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas durante su declaración

El ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas durante su declaración / Raúl Caro/ EFE

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Dos ex responsables de la consejería de Empleo de la Junta han declarado hoy como testigos en el juicio por la rama política de los ERE y han reconocido que el hallazgo de los primeros intrusos fue una auténtica “bomba”, aunque el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera ha negado que los expedientes irregulares fueran “ordenados, purgados o añadidos”.

“Eso son imaginaciones”, recalcó Rivera sobre el famoso fin de semana de noviembre de 2010 en que responsables de la consejería y funcionarios estuvieron día y noche sacando expedientes para detectar “intrusos”.

Asimismo, el ex viceconsejero, Justo Mañas ha reconocido que durante dos días del fin de semana se reunieron los máximos responsables de la consejería, encabezados por el entonces consejero Manuel Recio, para “abordar esa bomba que nos había surgido“.

Allí mismo, al comprobar que había más intrusos aparte de los de Mercasevilla, decidieron poner en marcha una investigación de todas las ayudas concedidas pero centrándose en los “expedientes vivos“, que todavía estaban siendo abonados por la Junta. Lo que más le llamó la atención de aquellos expedientes de información reservada era que “se hubiese podido llegar a esa situación“, ha declarado Mañas.

La jornada de hoy en el juicio sobre la rama política de los ERE ha comenzado con el testigo Rafael Silva López, funcionario de la Consejería de Empleo que llevó acabo esos expedientes de información reservada.

"Acto graciable"

El funcionario ha declarado que le llamo la atención qué los expedientes de ayudas eran tramitados por personas contratadas, no por funcionarios de carrera. Las ayudas “eran un acto graciable, se valoraba la situación personal, la trascendencia social y la difícil empleabilidad y baja cualificación” de los trabajadores beneficiados, según el testigo.

En este sentido, el funcionario Rafael Silva explicó que cuando comenzó la investigación de los informes de expedientes vivos de regulación de empleos y se aumenta el número de documentación para revisar al entrar más casos, sugiere que se incorpore una cuarta persona a esta comisión de investigación, Joaquín Baños

Silva fue coordinador de la Viceconsejería de Empleo entre el 2010 y el 2012 y participó en la comisión de información reservada que se creó en enero del 2011, por orden del viceconsejero Justo Mañas, para revisar los expedientes de concesión de ayudas a raíz del estallido del caso Mercasevilla.Por otro lado, Rafael Silva, a preguntas del fiscal, respondió que durante la investigación de la documentación de los expedientes de regulación en las diferentes comisiones organizadas por la Dirección General de Trabajo no se destruyó ninguna documentación. En concreto, el testigo explicó que incluso "se conservaron los pos it añadidos" y se mantuvo el orden de los documentos, aunque no fuera el cronológico, contrariamente a lo que declaró María José Rofa cuando señaló en su declaración que desapareció documentación de expedientes de la Dirección General de Trabajo. En este sentido, el testigo Daniel Alberto Rivera explicó, en su turno de declaraciones, que la responsable de la custodia de estos documentas era la propia exasesora María José Rofa.

Es más, a preguntas del fiscal sobre si en estos expedientes vio algunas vez  escritas a mano las palabras "renta vitalicia", el testigo respondió que "figuraba en varias ocasiones".

Expedientes analizados

Según ha explicado, analizaron 69 expedientes y  "en una minoría", en torno al "15-20 % de los casos" había solicitud, y no había resolución formal en las anteriores al año 2008.

Durante esta investigación reservada se detectaron 77 beneficiarios que no habían trabajado en las empresas en cuyo ERE figuraban y otros 111 casos con "irregularidades administrativas". Esto supone que sobre casi 6.000 trabajadores beneficiados , un 1,2% eran intrusos y un 1,76% presentaban irregularidades. Unos 5.700 trabajadores se consideraron beneficiarios legales de estas ayudas.

De este modo, según Silva, el primer procedimiento, el referido a Mercasevilla, se inició alrededor del 17 de noviembre. En enero se añadieron 5 o 6 expedientes más para investigar, al aumentar el volumen de expedientes, "llegamos a ser 19 personas". El fiscal preguntó a este testigo sobre las dos líneas de ayuda de IDEA, que Silva aseguró desconocer hasta más tarde "con la remisión de un cuadro por parte de IDEA donde estaban las dos líneas". 

Por otro lado, tanto Rafael Silva como Rivera explicaron que una de sus sorpresas cuando llegaron a la Consejería de Empleo fue comprobar que la tramitación de los expedientes no la realizaban funcionarios de carrera sino personal laboral cuya selección había sido realizada por una de las empresas investigadas.

El testigo explicó que se solicitió información sobre las pólizas a las aseguradores "porque tuvimos  que cotejar los nombres con los beneficiarios y, además, hubo situaciones que nos generaron dudas como encontrarnos entre los beneficiarios a herederos de prejubilados ya fallecidos y varios prejubilados  con vida laboral activa".

En cuanto a la documentación, a preguntas del fiscal afirmó que las ayudas no se habían publicado en el BOE ni había anotaciones contables en el sistema Júpiter ni tampoco base de datos de las subvenciones realizadas a las empresas. 

Entrega de los informes

En marzo del 2011 entregaron al viceconsejero sus informes de la revisión y en abril se pidió un informe al Gabinete Jurídico para determinar si los actos de resolución de las ayudas eran nulos, y en mayo se dictaron dos resoluciones para incoar expedientes en aquellas que se detectaron irregularidades y para reanudar el pago paralizado desde febrero al resto de beneficiarios legítimos.

En la revisión, también ha reconocido que se detectaron los llamados "pagos cruzados", órdenes de la Dirección General de Trabajo a la agencia pública IDEA (a través de la cual se pagaban las ayudas con dinero que Empleo le remitía mediante transferencias de financiación) para que fondos destinados inicialmente a las prejubilaciones de una empresa se usaran para pagar otras.

Preguntado por el abogado del exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano si IDEA conocía ese destino final para otra empresa o eran órdenes que el director general de Trabajo daba directamente a las aseguradoras, el testigo ha expuesto que en la documentación aparecía una comunicación directa a las aseguradoras.

Además, en el archivo de IDEA donde consignaba todos los pagos de estas ayudas que realizaba "esos pagos no están" por lo que "cabe deducir que IDEA no conocía el desvío que se producía".

A Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo, también le llamó la atención que no hubiese ningún funcionario de carrera otorgando las ayudas y ha declarado que entonces no encargó ningún estudio “porque no podía sospechar la situación real”. La dinámica que ahora se ve como “perversa” entonces era vista como algo “natural”. A preguntas del fiscal sobre si dada su formación de abogado no vio algo sospechoso en el modo de proceder, el testigo comentó que se "acopló al modo de hacer y al know out sin cuestionar a nada ni a nadie porque no vi ningún procedimiento que tuviera una discrepancia en la que apreciara aviso o advertencia".

Sin embargo, ha declarado que “nos excedimos en el celo” porque hoy en día muchos de los trabajadores investigados siguen ahora cobrado sus ayudas. 

El ex viceconsejero de empleo Justo Mañas (2010-2012) ha relatado al tribunal de la Audiencia de Sevilla lo sucedido un fin de semana de noviembre de 2010, cuando empezaron a conocerse los primeros intrusos en el ERE de Mercasevilla. Este reconoció que se encontró con una "bomba" cuando estalló este escándalo. 

En cuanto al programa 31 L explicó que lo desconocía completamente a su llegada a la viceconsejería, aunque a posteriori sí fue informado al respecto. Respecto a la encomienda de abril de 2001, explicó que  "entendí que la orden de abril de 2011 es la consecuencia de un proceso razonable para mejorar el procedimiento de fiscalización, así como la comprobación de los datos del solicitante de la ayuda". Preguntado por el fiscal sobre la reunión con las aseguradores y sindicatos, Mañas respondió fue para "tratar de mantener mecanismos de pago a los benefciarios. A finales de 2011 y como consecuencia del informe de la Cámara de Cuentas, se mantuvo una reunión con las aseguradoras para decidir que se paraba el pago y que los ya efectuados se consideraban como pago a la póliza general". 

A partir de la puesta en marcha de las comisiones de investigación, a raíz del escándalo de Mercasevilla, cuando se pone en marcha un proceso de refinanciación póliza a póliza que llevaba una fiscalización particular a cada uno de los expedientes.

Respecto a las encomiendas de gestión, Mañas aseguró: "ni participé, ni conocí, ni gestioné"

En la sesión de la tarde fueron citados a declarar el exdirector de la agencia pública IDEA Antonio Valverde y el exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez.

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