Rafael Hidalgo Romero dejará en junio la presidencia del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, después de dos mandatos representando a sus 1.200 compañeros. En esta entrevista expone los dos grandes retos de su colectivo: poder presentar recursos de casación ante el Tribunal Supremo, una vez habilitados desde 2009 para recurrir ante los Tribunales Superiores autonómicos, y que se cree un turno de oficio de graduados sociales. Con el turno de oficio no pretenden “quitar a nadie su trozo de tarta” sino que el ciudadano pueda decidir si le representa en juicio un abogado o un graduado social como experto en  materia laboral.

— Concluye ocho años de presidencia por imperativo de una norma aprobada por usted mismo para reducir los mandatos a un máximo de dos. ¿Cuándo se convocarán las elecciones?

Deben celebrarse antes del 30 de junio pero estamos esperando a tener las cuentas cerradas, auditadas y presentadas a la asamblea.

—¿Tiene ya un sustituto?

Hasta ahora solo ha comunicado su deseo de presentarse el actual vicepresidente, José Ramón Barrera.

— ¿Cómo ha evolucionado el graduado social hasta intervenir hoy en día en los  juicios laborales?

Hasta los años 80, en los juicios de lo social el abogado se sentaba en el estrado con toga y nosotros fuera de estrado, en una mesita que no tenía más de 30 centímetros donde no cabían los papeles. Debíamos ir de riguroso negro pero sin toga.

Aquello, afortunadamente, se superó. Hay compañeros abogados que nunca han visto bien a los graduados sociales. Nosotros siempre hemos tenido la especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y los abogados nunca han querido el mundo del trabajo.

— ¿Les ven como intrusos?

Hay muchos abogados que lo creen pero históricamente los intrusos son ellos porque es una rama que no han querido nunca. Fue con la crisis cuando muchos abogados que se dedicaban a civil entraron en lo laboral, pese a ser una jurisdicción muy especializada. Yo no puedo competir con el compañero que hace civil pero ellos en cambio sí que pueden competir con nosotros.

“Nosotros estudiamos Derecho del Trabajo cuatro años y el abogado un cuatrimestre”

—Una de sus reivindicaciones es un turno de oficio de graduados sociales para los juicios laborales.

Siempre que yo hablaba con un consejero le decía que nosotros no queremos quitarle nada a nadie, sino que de la tarta de la Justicia gratuita, que son muchos millones, el ciudadano pueda elegir quién le va a defender mejor en la jurisdicción social: el abogado o el graduado social. La gente busca al  experto y no cabe duda de que el experto en Derecho del Trabajo es el graduado social porque lleva cuatro años estudiándolo y el abogado solo da un cuatrimestre en toda la carrera.

Este turno de oficio ya existe en comunidades como la valenciana. Y Andalucía, por sí sola, tiene casi el 50% de los graduados sociales a nivel nacional.

La jurisdicción social no llega ni al 1% de la Justicia gratuita, en Sevilla se gastan como mucho 200.000 euros al año, cifra ridícula frente a la cantidad de millones de otras ramas. 

El turno de oficio es un tema que debe caer por justicia y ni los abogados ni nadie se tienen que rasgar las vestiduras.

— ¿Cuándo pusieron en marcha su oficina de asesoramiento?

Nuestra Oficina de Orientación funciona desde 2013 y ofrece información gratuita a personas sin recursos. Decidimos ponerla en marcha al enterarnos de que para el turno de abogados de oficio había gente haciendo cola desde las 2 y a las 3 de la madrugada.

Hay 70 compañeros que pasan consulta dos días en semana desinteresadamente y asesoran sobre el derecho de los trabajadores a despidos e indemnización.

— ¿Para cuándo el recurso de casación ante el Supremo?

Se ganó en 2009 la posibilidad de interponer recurso de suplicación ante los Tribunales Superiores autonómicos y el recurso de casación estuvo a punto de salir con el ministro de Justicia Rafael Catalá. El recurso de suplicación es muy técnico y hay que saber mucho Derecho Procesal. La casación es la parte fácil, es meramente casar sentencias con similares temas pero con fallos distintos, es ponerse  a trabajar con una buena base de datos.

Lo lógico es que vayas con el mismo cliente y cierres el ciclo cuando se llega al Supremo. Ahora sucede como pasaba con el recurso de suplicación:  tú lo hacías y lo firmaba otro.  

— Acaban de recibir un espaldarazo con la proposición no de ley del PP en el parlamento andaluz para que un graduado social se integre en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL)

Lo defiende Erik Domínguez, que es graduado social. Hacemos una valoración muy positiva. Es importante que estemos en el CARL porque allí se resuelven todos los conflictos laborales importantes y allí están representados los sindicatos,  los empresarios y la Junta. Que estemos en el CARL demuestra el nivel profesional y universitario que tiene el graduado social, que es el verdadero experto en estas materias.

Deberíamos estar también en muchos otros proyectos de formación, de empleo, de creación de empresas y de prevención de riesgos.