Javier Gómez Bermúdez es juez en excedencia y actualmente ejerce como abogado.Ha sido durante ocho años presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano donde ha desarrollado los últimos 20 años de su trabajo. Ahora, como abogado está, según sus propias palabras "en otra orilla del río de la Justicia".  Un juez de vocación que ha estado al frente de tribunales como el del Yak 42 o el juicio a los terroristas del 11M y que impulsó la doctrina Parot que  es contundente y claro.

-Según el Eurobarómetro de abril, España es el cuarto país de la Unión Europea donde los ciudadanos perciben una mayor falta de independencia de su sistema judicial -un 55% la considera mala o muy mala. ¿Qué opina de estas cifras?

-Los españoles somos los únicos ciudadanos europeos que contestamos honestamente a las encuestas. He tenido la fortuna de conocer muy bien los sistemas francés, italiano y alemán…y no vamos hablar de ellos.

-La comunicación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con su homólogo italiano para mediar en el caso de Juana Rivas ha sido criticada por varias asociaciones judiciales que han llegado a calificar de injerencia.

-Esta es una acción política que no afecta a la Justicia. ¿Adecuada o no?, no afecta a la justicia. Los ministros de justicia son ajenos a la independencia judicial,

Javier Gómez Bermúdez, en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga

-Ha sido calificado como juez estrella. ¿Pretenden influir más los políticos o la opinión pública a golpe de likes y retuits?

-En mi experiencia de 30 años como juez no me influye ni una cosa ni otra, distinto es que me guste. A nadie le gusta que le maltraten, que hablen mal de él. Evidentemente, a través de este tipo de acciones tanto a través de los medios como mensajes es influir en los jueces. En mi caso, no lo han conseguido afortunadamente y ahí están los datos. Soy un juez manifiestamente conservador pero está clarísimo que mis resoluciones ni las de mis tribunales casaban con lo que querían los partidos conservadores. Lo importante es que la ideología del juez no influya en el sentido de sus resoluciones, pero los jueces claro que tenemos ideología, somos ciudadanos.

-La renuncia del juez Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo ¿volvió a poner de manifiesto la cuestionada independencia judicial?

-Fue un caso bastante claro de cómo los políticos influyen o intentan influir en la Justicia. Hay tres niveles cuando hablamos de ella. Por un lado está el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo; otro es la Administración de Justicia, lo que el día a día gestiona los pleitos de lo ciudadanos; y el tercero son los jueces individualmente considerados. Este último nivel son mayoritariamente o casi el cien por cien, independientes.

-Algunos magistrados están llevando a cabo una pequeña campaña para explicar que una cosa es el Poder Judicial y otra los jueces. ¿Es necesario que la ciudadanía y los políticos recuerden que esto es así?

-El poder judicial es uno de los tres poderes del Estado, pero curiosamente es el único que no tiene autonomía presupuestaria, por ejemplo. Esto es un disparate. Este es uno de los males. Esta falta de autonomía presupuestaria, probablemente hace que el gobierno de los jueces, el Consejo, tenga la percepción de que es un órgano controlado por los políticos por su forma de designación, de funcionamiento, reglamentos internos, etc. Aunque, insisto, se trata de una percepción del ciudadano y yo me fío mucho de la percepción del ciudadano.

-Vivió de primera mano lo que supone un nombramiento complicado cuando fue designado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El Supremo revisó su nombramiento hasta en cuatro ocasiones. ¿Hasta qué punto influyen más los factores externos que los méritos propios?

-En mi nombramiento como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que estuve durante ocho años, el problema era el Consejo, que según la Sala III del Tribunal Supremo, no lo hacía bien. Por lo que a mi respecta, había muchísimos magistrados competentes en España que podrían haberlo sido presidente. Me eligieron a mí, mi currículum no desmerecía a ningún otro. Hay muchos magistrados competentes, el problema es que muchos de ellos ni siquiera intentan ser presidente de una Audiencia, o del Tribunal Supremo.

-¿Por qué?

-Porque no hay carrera. El magistrado percibe que no tiene carrera, que tiene que hacer una labor ajena a su calidad jurídica para acceder a estos cargos y no todo el mundo está dispuesto. Hay muchos que ni siquiera lo intentan. Si ofrecieran algo que les mereciera la pena y la garantía de un proceso limpio, optarían a ello. Es más rentable en términos personales ser un magistrado en Sevilla o Málaga que intentar irse al Supremo a Madrid. 

"Los magistrados perciben que no tiene carrera, que tiene que hacer una labor ajena a su calidad jurídica para acceder a un cargo"

-Ha presidido el tribunal de juicios que han calado en la opinión pública como el del Yak 42 o los terroristas del 11 M. ¿es posible abstraerse del revuelo comunicativo y de la presión social?

-En la judicatura hay de todo como en botica. Por mi parte, los hechos cantan. Condené a UGT, el Yak 42, Ugarte, 11 M. Ni mi ideología ni la de mis tribunales han determinado el sentido de las resoluciones. Claro que es posible abstraerse. Pero es difícil que el ciudadano lo entienda así porque el político de turno está siempre frente a los medios con un titular, le da un caramelo. Frente a esto el juez no puede hablar, es silente, no puede estar en política ni tiene que estar todos los días en la prensa.

-La decisión de ejercer como abogado y ser juez en excedencia, ¿le ha traído más libertad?

-Esa es mi vocación y me moriré siendo juez. No descarto ni siquiera volver porque puedo volver cuando quiera. Simplemente era un reto nuevo, una forma diferente de ver el derecho. Es algo muy gratificante. Cuando me dicen que me he pasado al otro lado, les digo que me he cambiado de orilla. La Justicia es un río por el que fluye la ley para conducir al Derecho y antes estaba en la margen que decide y ahora en la que pide.

-¿Qué opina de las puertas giratorias? Jueces que vuelven a las togas después de pasar por política. ¿Hay una buena regulación al respecto?

-Es una tontería histórica pensar que una persona ejerza su derecho desde una preparación jurídica para ejercer en una empresa privada. Las puertas giratorias son las de un juez que se va a la política. Eso está mal regulado. No lo critico. No concibo que un juez que se va a la política pueda volver a la judicatura sin unos requisitos de descontaminación previos.

"Uno debe ser consecuente con sus decisiones y si se va a la política no debería de volver a la judicatura."

No me preocupa tanto pensar que esa persona porque haya estado en política o en la Administración pueda ahora sembrar dudas como que la gente lo perciba. Puede volver a la judicatura y ser independiente e imparcial, pero la percepción del ciudadano no es así y esto es lo que hay que corregir. Obviamente uno tiene derecho a trabajar, si no nunca nadie se iría a la administración o la política. Cuidado, que podemos morir de éxito. Esto de que es ético pero no estético, no es. Si la ley dice que lo puedo hacer es ético. Lo moral es otra cosa. Si el ciudadano percibe esta falta de independencia es que está mal regulado.

- Usted fue el primer Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. ¿Qué supuso la creación de este cargo?

-Poner patas arriba toda la doctrina jurídica en materia penitenciaria para el terrorismo y el crimen organizado porque no era normal que un chico que robaba con navaja porque era un toxicómano cumpliera la misma pena que un terrorista que había matado a 20 personas y por eso sacamos la doctrina Parot cuya derogación fue un gran error jurídico del tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Era una doctrina justa. Una persona que roba a 4 personas con navaja y se le condena al triple de la más grave, podría estar 18 años en la cárcel, y a un terrorista, por ejemplo, a 80 años. Pero hay un artículo en el antiguo Código Penal de los años 70 que dice que nadie cumplirá más de 30 años en prisión. Y de ahí se deduce que el que estaba condenado a 200 años, los beneficios penitenciarios se restaban de 30, esto era absurdo. Se ponía al navajero de calle al mismo nivel que el terrorista. Es fácil de entender, salvo para algunos…