Fátima Domínguez Castellano es desde 2005 la fiscal decana y delegada de Violencia sobre la Mujer en Sevilla, donde coordina un equipo de seis fiscales con dedicación exclusiva en la capital y otras en los partidos judiciales. En esta entrevista se pronuncia a favor de limitar la dispensa que tienen las mujeres maltratadas de declarar contra su agresor y dice que el acceso indiscriminado de los menores a la pornografía puede incentivar las agresiones sexuales y su difusión por las redes sociales.

— Cómo ha evolucionado la sección de Violencia de Género desde su creación?

Antes de la Ley Integral contra la Violencia de Género  de 2004 había mucha dispersión, no había un seguimiento de los asuntos, los aspectos civiles se despachaban por un lado y los penales por otro. Ahora un mismo fiscal lleva toda la problemática de cada núcleo familiar y todas las medidas que se puedan establecer en el aspecto civil y penal, con lo cual se tiene una visión más global y con esa especialización los asuntos se despachan con mayor profesionalidad.

— Se critica que no se detecten las situaciones de riesgo porque un porcentaje importante de las mujeres asesinadas habían presentado denuncia previa

Según las estadísticas es todo lo contrario, prácticamente el 80 % de las mujeres que fallecen no habían presentado denuncia.

— ¿Mejora la sensibilidad en zonas rurales?

Este año, curiosamente, la mayoría de las muertes violentas en España se han producido en zonas rurales, quizás porque allí la educación machista está más arraigada. Pero la violencia se ha incrementado de manera estrepitosa entre los jóvenes y adolescentes, y eso que se supone que se está implantando una educación en igualdad. Han recibido una educación distinta a la de nuestros abuelos y sin embargo la violencia sigue creciendo, con lo cual no es cuestión de zona rural o no, la violencia por desgracia existe.

— ¿Por qué las víctimas se acogen tanto a su derecho a no declarar contra su ex pareja, un 11% en 2018? 

El problema es que en materia de violencia de género las víctimas tienen que explicar hechos de su vida íntima, tiene que declarar contra el padre de sus hijos y no deslindan lo que es delictivo porque declaran sobre una relación de maltrato de varios años.

—¿Hay que eliminar el derecho a no declarar por parentesco?

En estos procedimientos la colaboración de la denunciante es fundamental porque son delitos que se cometen en el entorno íntimo.

El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa de declarar contra los parientes, trata de proteger los vínculos de solidaridad que existen en la pareja pero ¿qué vínculo de solidaridad hay que proteger a un agresor?

Lo puso de manifiesto un informe del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial: el artículo 416 se convierte en un instrumento más de manipulación por parte del agresor porque es una forma de presionar a la víctima para que se retracte de sus declaraciones.

En nuestro sistema las manifestaciones sumariales no tienen ningún valor como prueba si la víctima llega al juicio y se acoge a su derecho a no declarar, incluso aunque en la instrucción haya hasta cuatro declaraciones suyas.

Yo creo que el artículo 416 tendría que modificarse para que las víctimas de violencia de género no puedan acogerse a esa dispensa cuando son ellas las que han puesto en marcha el procedimiento judicial o están personadas como acusación particular.

— ¿Echan en falta más colaboración del entorno de las víctimas?

Los testigos que conocen una situación de maltrato suelen ser las amigas íntimas, los familiares más cercanos, los compañeros de trabajo o el médico de atención primaria. Cuando hay un fallecimiento, todo el entorno de la víctima conocía el maltrato y entonces sí que declaran. Pero mientras está viva, ese círculo interno no quiere colaborar, no quiere verse inmerso en toda la problemática civil y menos aún en un procedimiento penal.

Los motivos por los que una víctima se retracta son múltiples, muchas veces se sienten intimidadas no directamente por el maltratador sino indirectamente por los abuelos o los hijos. Para las afectadas, a veces es duro provocar que el padre de sus hijos ingrese en prisión.

— ¿Están protegiendo de verdad a sus hijos?

Esa es la otra cara de la moneda que vemos en la sección de menores infractores: hay mujeres que han conseguido salir de la violencia de género de su pareja y cuando los hijos que han vivido ese entorno llegan a adolescencia imitan el patrón del maltratador y el ciclo de violencia vuelve a esa mujer a través de sus hijos.

“Hay una violencia sexual en aumento que queda impune”

— ¿Como evoluciona el maltrato?

El maltratador busca nuevas formas de maltrato y  últimamente se han incrementado los casos en los que matan a sus hijos o los  maltratan como una forma de hacer daño a su madre.

Existe también una violencia sexual que entra dentro de un maltrato habitual durante un tiempo prolongado, que está en aumento pero muchas veces queda impune porque se castiga dentro de la violencia habitual.

Si las víctimas lo denunciaran de manera inmediata, podríamos tener un informe forense con las lesiones físicas o, cuando esa agresión se haya producido con intimidación, una prueba de los psicólogos con su relación de causalidad con una situación anímica de angustia, terror o dominación.

—¿Hay que restringir el acceso de los menores a la pornografía para frenar el aumento de violaciones?

Directa o indirectamente, algo tendrá que ver la facilidad que tienen los jóvenes para acceder a todo ese material pornográfico a unas edades en las que que carecen de la madurez suficiente para discernir lo que es delito y lo que no.

Es posible que la pornografía no solo fomente esas agresiones sexuales, sino que se graben y difundan por las redes sociales.

— ¿Existen denuncias falsas?

Entre la ciudadanía existe la falsa creencia de que, en materia de violencia contra la mujer, se da más credibilidad al testimonio de las víctimas. Eso no es cierto. Las denuncias falsas se dan en un porcentaje mínimo pero cuando se producen somos los jueces y fiscales quienes primero actuamos de oficio. Que no se puedan acreditar los hechos no es sinónimo de que la víctima haya mentido.

— ¿Por qué se frustró el traslado de los juzgados de Violencia al Prado de San Sebastián, tras unas obras de 300.000 euros?

Por una razón de espacio: los juzgados de Violencia estarían junto a los de instrucción, la Fiscalía estaría en el edificio de la Audiencia, la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género en otra planta y el Servicio de Asistencia a  Víctimas (SAVA) por otro lado. Todos los servicios deben estar concentrados en el mismo lugar por la inmediatez que tienen para las víctimas. Hubo un poco de descoordinación.