Una maniobra procesal, al permitir a los acusados no estar presentes en el juicio, ha dejado este martes sin prueba la vista contra 34 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de coacciones y daños en un piquete informativo.

El juicio comenzó en el juzgado penal 4 de Sevilla pero los 34 procesados se acogieron a su derecho a no asistir al juicio. Por lo tanto los 50 testigos no podrán identificarlos como miembros del piquete que presuntamente causó daños valorados en 3.000 euros en la finca la Jarilla, ubicada en La Rinconada.

De hecho, los diez testigos citados para este martes únicamente confirmaron que presentaron una denuncia por coacciones porque no les dejaron entrar a trabajar en noviembre de 2008, pero a continuación declararon que no conocen a las personas concretas que les impidieron hacerlo.

Resultó fundamental la testifical del representante legal de la empresa propietaria, quien en primer lugar señaló que renuncia a la indemnización civil que pudiera corresponderle por los candados y diferente material agrícola que quedó inutilizado en la protesta.

A continuación explicó que el conflicto derivaba de que algunos trabajadores no fueron contratados en aquella campaña, pero se debió a una reducción de plantaciones del 25 por ciento y la empresa ganó en los juzgados de lo laboral el reparto de trabajo pactado con el comité de empresa.

"Entonces no pude individualizar los daños, las conductas o las frases y si era difícil hace doce años, menos puedo hacerlo ahora", declaró el representante de la empresa.

¿Observó en ellos alguna actitud violenta o agresiva?, le preguntó el fiscal, a lo que el testigo contestó: "Estuvo dentro de los cánones sindicales, fue una actitud reivindicativa".

También el propietario de un tractor que denunció que le rompieron las válvulas de la ruedas declaró a la juez que no pudo ver quien lo hizo y que renuncia a los 608 euros que le costó la reparación.

El juicio comenzó con un intento fallido de las defensas de aplicar a este caso un auto del Tribunal Supremo que exculpó de los mismos hechos a Diego Cañamero, entonces portavoz del SAT, al no poder individualizar quién fue el autor de los daños.La juez rechazó esta cuestión previa al considerar que el Tribunal Supremo lo que valoró fue la conducta específica de una persona y no del resto de los imputados.

El propio Diego Cañamero asistió a una concentración convocada a las puertas de los juzgados y manifestó que espera que este sea el último juicio por ocupación de fincas porque el SAT es el único sindicato “que de verdad defiende a la gente del campo y sus derechos y lo único que pide es que se cumplan los convenios“.

En la jornada declararon otros siete jornaleros que en su día denunciaron que los piquetes les impidieron entrar a trabajar durante dos o tres días pero ninguno de ellos pudo concretar quien lo hizo ni si conocía a algún miembro del piquete. La vista continuará el jueves con el resto de los testigos.