La Justicia de la España del siglo XXI mira de reojo a los profesionales que llevan su verdad y pericia a estrados contratados por algún litigante. En juzgados, no nos engañemos, son dogma los atestados policiales y dictámenes de forenses o periciales. Tienen presunción de veracidad oficial. Pero a veces hay más dogma que verdad en lo institucional. 

La buena fe, se supone, antecede al pleito. Una bombilla entre tinieblas la enciende un personaje estereotipado. Hablamos del detective privado. La vis terrenal del sabueso entraña eficaz herramienta para nuestra Justicia. Es rentable por barato; sus informes (litigation support) ayudan al litigio. 

En 2019 los detectives son casi 5.000 licencias, con 50% de actividad entre hombres y mujeres. La mejor conexión del detective de ficción y el de verdad es como lo definió Germán Areta (Alfredo Landa-El Crack II- J.L.Garci): ‘Trabajo mucho, duermo poco. Y lo que veo no me gusta’.  

El Art. 265.1.5 de Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) les considera ‘testigos cualificados’. En su Art. 214.1 permite al cliente del detective incluirlo en costas, si logra condena. Sale gratis al que gana.    

El Tribunal Supremo (TS) reitera jurisprudencia sobre detectives como ‘testigos privilegiados’, les obliga a decir verdad de lo grabado, fotografiado, visto o copiado respetando intimidades. Las normas de protección de datos personales europeas (Reglamento UE 16/679) y españolas (LOPD 15/99) estrechan el campo al investigador.

Pero, paradójicamente, es un filón para detectives las intimidades públicas en ‘redes sociales’, mensajerías telefónicas abiertas e internet. La fiabilidad de muchas de esas fuentes (OSINT) es contrastada a priori. Por ello es una inversión contratar a un detective. 

Las principales quejas del detective independiente de igualas, resultados predeterminados o ‘a la carta’ son los intrusos y competencia desleal de colegas que tiran precios o defraudan sin agencia. Las reivindicaciones son investigar delitos si la Justicia lo admite, lo requiere la víctima o acusado/s sin caer, ni de lejos, en policías paralelas. También, instaurar el ‘detective de oficio’. Así, la ciudadanía aporta pruebas ante la injusticia o el pisoteo de sus derechos. 

La Justicia sevillana (Juzgado nº 7 Familia) creyó al 100% un informe de detective condenando a costas, algo insólito, a un padre que pretendía reducir al mínimo pensión alimenticia ocultando patrimonio millonario que destapó el investigador. La factura del detective se incluyó en costas. 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/paga-detective_0_896910496.html  

La pareja virtual Detective-Justicia debe tener más cercanía. Ya consta el respeto y sensibilidad de quienes acusan y juzgan. Especialmente, desde que una mayoría femenina (juezas, secretarias -hoy LAJ- y fiscalas) separan verdad y hechos de trucos, charlatanería togada o pruebas ‘teledirigidas’ que se desvían del foco procesal. 

Esa pareja, que creemos de hecho, Justicia-Detective proyecta el talante de neutralidad que este modesto investigador aprecia en la Ley que aplican profesionales rigurosos. Las películas y novelas sitúan al detective perseguido por policías celosos de su campo. Dejemos que sigan en su –también- riguroso trabajo que evita y combate el delito. Cabemos, todos y todas, en la Constitución y en una Justicia más iluminada con ese detective que hace décadas no persigue infidelidades, ni acosa, ni lleva gabardina.  Sólo intenta ayudar a que la Justicia tenga más dónde decidir.              

P.S Para evitar sorpresas, si algún/a lector/a necesita contratar un detective debe pedirle su licencia del Ministerio del Interior, en una agencia física y recibir copia del contrato donde conste objeto, precio y plazo operativo. De lo contrario, estará en manos de algún intruso con sólo palabrería.