La situación de debilidad crónica en que se encuentra la Justicia española, que afecta gravemente a su independencia y eficacia, ha quedado aún más en evidencia como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia que nos arrasa.

Obviamente en una crisis sanitaria, la Justicia no está en la primera línea, pero tampoco puede quedar paralizada e inoperante, y ello por varias razones. En primer lugar los mecanismos previstos en la Constitución y en la Ley para afrontar estas emergencias conllevan una reducción de los derechos de de los ciudadanos, un reforzamiento de las estructuras autoritarias y una disminución de las garantías democráticas. Es importante que no quede desactivado un sistema judicial que garantice que esas reducciones y limitaciones sean las estrictamente necesarias para resolver la emergencia, es decir, que eficazmente vigile y controle que no haya extralimitaciones ni abusos por parte los depositarios de esos poderes excepcionales.

En segundo lugar la paralización de los litigios y procesos que afectan a los derechos respecto de los que muchos ciudadanos esperan el amparo judicial debe ser la rigurosamente necesaria para contribuir a eliminar la difusión de la pandemia. Ni un milímetro más. La paralización total en una Justicia ya de por sí atascada y lenta conlleva el perjuicio de generar daños irreversibles a los derechos de esos ciudadanos. No serán la mayoría, pero son muchos. La desprotección de esos derechos puede generar una grave sensación de inseguridad de efectos devastadores en muchos ámbitos, incluida la economía. La vida y la salud son prioritarios, sin duda. Pero la supeditación de los restantes derechos de los ciudadanos a la protección de esos bienes básicos debe hacerse con prudencia y sólo en lo estrictamente preciso. Hay sectores muy sensibles de esos derechos que requieren que se mantengan unos mínimos que permita garantizarlos.

Ninguna de estas consideraciones han sido tenidas en cuenta la situación de alarma en que nos encontramos. La Justicia es ignorada y desmontada casi de raíz como si fuera algo superfluo, accesorio o secundario. El coronavirus ha de puesto de relieve las debilidades, flaquezas e insuficiencias de la Justicia española y de la falta de desarrollo del modelo que quiso implantar la Constitución de 1978.

Ello revela en primer lugar la escasa consideración que para los otros poderes, verborrea aparte, tiene el denominado Poder Judicial. La cultura de la separación de poderes no ha calado entre la clase política. Predomina la cultura tradicional española de consideración de la Justicia como como parte de la Administración pública y como tal subordinada a las decisiones políticas. La política con mayusculas quedaría fuera del ámbito de lo que es mera Administración de Justicia y en una situación de emergencia esta tiene poco o nada que decir. Es la cultura que predominaba durante la dictadura franquista, pero es muy anterior a la misma.

Data de los tiempos del cambio del antiguo régimen al nuevo que personifica la Constitución de 1812; desde entonces existe el debate de si la Justicia, los Jueces, en definitiva, deben ser imparciales sí, pero supeditados como una parte más de la Administración a intereses políticos de más alto rango, al modo de la Francia napoleónica; o si por el contrario deben ser un Poder independiente con facultades de control de la constitucionalidad y legalidad de toda la actividad, sin excepciones, de los otros poderes, al modo del sistema de los Estados Unidos. Adivinen que opción ha ganado mayoritariamente este debate en el curso de estos tres siglos.

La actitud de la clase política tiene una explicación en algo que también ha subrayado esta crisis: la falta de conciencia ciudadana de la importancia que tiene en una democracia la existencia de un Poder Judicial independiente. Preocupa el cierre del Parlamento, pero no el de la Justicia. Históricamente acostumbrados a ver los Jueces como una parte más del poder establecido, no hay percepción de los riesgos que su ausencia conlleva para sus derechos, del peligro de abusos y extralimitaciones del poder ejecutivo al amparo de los facultades extraordinarios que se arroga. O quizá simplemente no confían en que los Jueces puedan realmente conjurar ese peligro, lo que es peor. La excepción sería quienes tienen litigios pendientes, muchos, pero minoritarios. De entre estos aun hay quienes dicen que dado el retraso que lleva la Justicia, dos o tres meses más son irrelevantes. Gran error. Precisamente en esa situación, una paralización de tres meses puede multiplicar el atraso que ya existe mediante una progresión geométrica y no meramente aritmética. Y no es lo mismo que te resuelven un pleito a los dos años que a los cuatro años. Ninguna de las dos opciones son buenas, pero la segunda es mucho peor.

Todo ello explica ese cierre de la Justicia cuando podían y debían haberse adoptado decisiones que permitiesen mantener un funcionamiento suficiente de la misma con seguridad para quienes trabajan en ella y para quienes tienen que acudir a los órganos judiciales. Equipos de protección individual, medidas de distanciamiento, restricciones para el acceso a las sedes judiciales de quienes no sean imprescindibles o no tengan necesariamente que estar presentes, utilización de videoconferencias y medios telemáticos, reducción del número de funcionarios, que trabajarían por turnos, para permitir distancias seguras, juicios a puerta cerrada, por citar algunas a vuela pluma. No solamente no se han adoptado esas medidas, sino que las pocas que se han tomado son absurdas, perniciosas, chapuceras o irresponsables.

De buena parte de ello tiene culpa la irracional tricefalia que gobierna la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial por una parte, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, por otra, y, finalmente, las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia, a su bola. Un sistema nefasto sin paralelo en ningún otro sector de la Administración, ni en ninguna parte del mundo. El resultado es que uno dicta normas sobre los Jueces, que son contradictorias con respecto a las que se imparten a los Letrados de la Administración de Justicia y chocan con las que afectan a los funcionarios.

Hay Jueces sin Letrados, Letrados sin Juez, funcionarios a su aire, y viceversa. Nadie dirige, nadie coordina, nadie sabe muy bien cuales son los objetivos. Y esto se ha notado en esta crisis. Al final ha habido una coordinación forzada donde se ha impuesto el más fuerte, el Gobierno. Eso sí, tomando como referencia casi en exclusiva lo que le han pedido los sindicatos de funcionarios y lo que al final es más cómodo y le conviene más: cerrar y todo el mundo a casa salvo una presencia simbólica. Y sin funcionarios ni Letrados es absurdo que los Jueces sigamos trabajando como pretende el CGPJ. Aunque en teoría pudiéramos hacerlo todo, en la practica, tal y como están organizadas las cosas, esto no es posible. Que no se me entienda mal, comprendo las razones de los sindicatos. En unos edificios en buena parte obsoletos e inadecuados, trabajar sin equipos de protección y sin garantías es correr un riesgo innecesario. Pero echo de menos una actitud más reivindicativa de que se adopten esas medidas de protección que permitan la presencia en los órganos judiciales de un número de funcionarios, reducido sí, pero suficiente para mantener una actividad mínimamente razonable. O al menos de que se habiliten medios telemáticos de trabajo que, hoy por hoy, por razones de debilidad e ineficacia de los sistemas informáticos, están muy limitados.

El CGPJ además de ser el último mono en esta historia ha tenido un comportamiento claramente incompetente y chapucero. Bien es verdad que el modelo constitucional ha quedado muy desvirtuado y el CGPJ tiene pocas o ninguna competencia real para organizar la Justicia. Pero al menos se podría esperar un diagnóstico certero de los problemas y un respaldo moral a una propuesta de soluciones que influyera en quienes realmente tienen que adoptarlas. Es increíble el desconocimiento y la desconexión con la realidad de los Tribunales que tienen las personas encargadas de gobernar el sistema. Claro que si lo pensamos un poco en un país donde el Ministerio de Sanidad lo lleva un filósofo y el de Hacienda una médico, por poner dos ejemplos, tampoco es de extrañar que los encargados de gobernar la Justicia, aunque profesionales del Derecho porque lo exige la Ley, sean personas que tienen poco conocimiento de la realidad judicial y escaso bagaje para entender los problemas de la Justicia y buscar soluciones. A fin de cuentas han sido nombrados de la misma forma que los ministros, por un sistema político, es decir, dedocrático. Y los méritos que se han tenido en cuenta son básicamente su “sensibilidad” a los problemas del partido que los designa.

Las soluciones que ha propuesto el CGPJ son chapuzas sobre un sistema que ya sobrevive a duras penas a base de muchos parches y chapuzas. Chapuzas sobre chapuzas que no tienen conexión con la realidad, que con toda probabilidad no funcionarán y que se basan exclusivamente en exigir más sacrificios a Jueces, Letrados y funcionarios y en fantasiosas reformas procesales mal pensadas y peor diseñadas. Nunca en pedir a las administraciones responsables, más bien irresponsables, que faciliten los medios y los recursos que permitan que esos sacrificios tengan sentido y se hagan en condiciones razonables de seguridad para la salud.

Quienes gobiernan y deciden en la Justicia de este país una vez más han hecho alarde de desconocimiento e incompetencia en una crisis de la que saldrá, entre otras muchas cosas ciertamente peores, un sistema judicial más atascado e ineficiente. Y eso que en esta crisis la primera fila no era la judicial. Dios nos coja confesados sin en la próxima crisis la Justicia debe ser la pieza fundamental para defender el sistema.