La administración de Justicia sufre desde hace muchos años diversas enfermedades que se le han ido acumulando sucesivamente, y sin que hayan sido sanadas. Es como una persona muy mayor que tiene gran cantidad de goteras y, claro, cualquier bacteria o virus puede poner en serio riesgo el funcionamiento de su cuerpo. Eso ha pasado con la pandemia del coronavirus que primero la paralizó, porque además la Justicia no es compatible con el teletrabajo, ni cuenta con un sistema informático común donde fácilmente puedan entrar todos los operadores. Y hoy se teme que se la obligará a soportar una pandemia litigiosa cuando vuelva a funcionar.

Pero la solución a la pandemia litigiosa no es habilitar el mes de agosto para que haya juicios y siga la tramitación de los asuntos, pues eso poco, o más bien nada, soluciona el problema y sí mortifica a un innúmero grupo de ciudadanos y trabajadores.

Es una solución que ha sido “ocurrencia” de los distintos gobiernos de todos los colores. Así el ministro de Justicia de turno en el año 2012, Alberto Ruiz-Gallardón, también propuso habilitar el mes de agosto, contra lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, usando como frase feliz la de que "España no está para siestas sino para trabajar 365 días" (se entiende que al año, salvo bisiestos, claro). Y lo mismo propone ahora el actual ministro de Justicia, también de turno, Juan Carlos Campo.

Una solución tal desde luego no lo es, pues la Justicia en España funciona por años y años y, por tanto, el mes de agosto por su exigua extensión temporal ningún efecto valorable puede producir.

Sin embargo, no sólo perjudica un resultado eficiente de los operadores jurídicos oficiales (fiscales, jueces, letrados de la administración de justicia y funcionarios en general), que pasarán prácticamente del confinamiento a una feroz actividad, con todos los elementos en contra (falta de descanso vacacional, temperaturas extremas y sacrificio de sus familias, entre otras cosas). Además el periodo de confinamiento está teniendo unos efectos psicológicos que necesitan ser, al menos, atenuados antes de ese feroz trabajo.                                                         

Pero los más perjudicados serán, como casi siempre, los abogados y los procuradores (operadores jurídicos privados) y sus familias, y sobre todo los principalmente perjudicados serán los ciudadanos particulares.

La gente queremos y necesitamos en vacaciones “desconectar” y eso es imposible si nuestro pleito sigue marchando y tenemos que estar pendientes del mismo, salvo que se nieguen las vacaciones estivales a los mismos. Necesitamos hacer un parón ahora, tan necesario como lo ha sido el del confinamiento. Hace falta, como se dice en términos militares, una tregua, en la tranquilidad de que si en ese tiempo no nos pueden atacar, no tendremos que estar dedicados a preparar la defensa o el contraataque.

En cuanto a los juicios, recuerdo perfectamente la época en que algunos jueces recién aterrizados en Sevilla y quizá movidos por un espíritu algo stajanovista, comenzaron a señalar juicios durante los días hábiles de Semana Santa y Feria, comprobando inmediatamente que tenían que suspenderse sistemáticamente todos, por la simple razón de que no iba nadie, faltaban los demandados y los acusados, rara vez venían los demandantes y  acusadores (salvo el fiscal, claro, aunque de muy mala gana, porque sabía lo que ocurriría) y desde luego todos los testigos y peritos.

En conclusión, creo que habilitar el mes de agosto para la administración de Justicia es una mala idea (y lo digo sin intención) y además, digámoslo abiertamente, no sirve para nada, al menos para nada bueno.