Los juzgados de Sevilla disponen de un Servicio de Atención al Ciudadano que en 2018 respondió a casi 13.000 consultas de los usuarios. Las preguntas más frecuentes se refieren al turno de oficio, a los juicios por delitos leves (donde no es necesario acudir con abogado) y a los juicios verbales civiles (en los que el ciudadano puede personarse sin abogado ni procurador si la cuantía es inferior a 2.000 euros).

Sus trabajadores informan a este periódico de que en los últimos tiempos están recibiendo muchas consultas por las estafas de clínicas de bajo coste y por los nuevos ciberdelitos, en su mayor parte por suplantación de identidad para usar los datos de otras personas en préstamos y compras por internet. Llegan asustados al Servicio de Atención al Ciudadano porque el banco les reclama una deuda que alguien ha contraído en su nombre.

El servicio depende del decanato de los juzgados y funciona de 9 a 14 horas, atendido por cuatro personas que casi no descansan en su jornada laboral.

Señalan que “muchas veces la gente viene en un brote de desesperación y solo necesita que les escuchen”. El problema es que “la respuesta de la Justicia no es tan rápida como el ciudadano necesita”.

El perfil del usuario cubre todo el espectro: jóvenes, mayores y de todas las clases sociales aunque últimamente reciben a muchas personas “socialmente desvalidas”, sin apoyo familiar. 

También han detectado en los últimos años “mucha miseria y pobreza de personas que pertenecieron a la clase media pero la crisis económica les ha pasado una factura terrible”.

Son frecuentes las personas mayores que sufren malos tratos. Cuentan los trabajadores que estos ancianos son reticentes a denunciar, y en ocasiones regresan al servicio porque lo que quieren es retirar la denuncia puesta contra sus propios hijos o familiares.

“Son personas socialmente desvalidas, muy mayores, que están en una situación angustiosa en la que no hay mucha solución que darles”, explican. En muchos casos, estas personas son desviadas al Servicio de Atención a la Víctima (SAVA) porque allí ofrece un servicio integral con juristas, psicólogos y trabajadores sociales. El SAVA no solo les ayuda a clarificar su situación sino que les asesora para solicitar ayudas.

Los trabajadores creen que sería necesario tener más interconexión con los servicios sociales disponibles porque “en ocasiones nos llegan problemas espeluznantes para los que necesitaríamos un acceso directo a los recursos”.

El Servicio de Atención al Ciudadano informa pero no asesora jurídicamente. Su servicio cubre todo el proceso: Se da el caso de personas analfabetas a las que derivan a los Servicios Sociales municipales para que les redacten sus escritos. Una vez celebrado el juicio leve, el usuario acude de nuevo para conocer las posibilidades de recurso o la forma de ejecución.

Uno de los principios de este servicio es que no puede atender reclamaciones sobre el contenido de una sentencia o resolución judicial porque los jueces, según la Constitución, son independientes en su función jurisdiccional. Los órganos del Poder Judicial tampoco pueden intervenir en un proceso judicial abierto para corregir o anular decisiones de los jueces.

La lentitud de la Justicia es una de las percepciones negativas de los trabajadores de este servicio: “la gente viene desesperada y la Justicia no les da una respuesta rápida. Muchas veces percibes que no se puede ayudar a todo el mundo en sus problemas”.